Tras escuchar las razones de los acreedores y los administradores de Detroit para determinar si la ciudad podía acogerse a la mayor suspensión de pagos municipal en la historia de EE. UU., el juez Steven Rhodes, del Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos, ha manifestado su acuerdo al respecto.
Ahora se espera que Detroit, centro de la industria automovilística norteamericana, presente un plan para deshacerse de los 18 000 millones de dólares de pasivos en su balance.
Hace cuatro meses, la ciudad se declaró en quiebra, no obstante, una coalición compuesta por los empleados jubilados de la ciudad, la Policía, y los sindicatos de bomberos, interpuso en julio una demanda para bloquear el anuncio de la bancarrota.
“La ciudad ya no posee los recursos para (...) proveer a los ciudadanos de servicios básicos”, ha dicho Rhodes.
“Para revertir este deterioro y atraer nuevos residentes y revitalizarla y darle nuevo vigor, Detroit necesita ayuda”, ha señalado.
En el caso de que Detroit obtenga la autorización de cortar sus beneficios a los pensionados, miles de jubilados podrían caer en la pobreza.
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