El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, reiteró que no dimitiría pese a las protestas surgidas por recientes escándalos de corrupción de su Gobierno.
“Ya lo he dicho. Hay un mandato constitucional y es una responsabilidad y una obligación entregar el cargo en enero de 2016”, recordó el martes Pérez Molina en una rueda de prensa celebrada en Casa Presidencial.
Reconociendo la existencia de denuncias, alegó que a algunos no les interesa celebrar las
elecciones generales y en esta línea, urgió a las entidades jurisdiccionales a cumplir con la Constitución y organizar los comicios ya convocados por el Tribunal Supremo Electoral.
Por esto, según el mandatario, a solicitud de su Gobierno, personal técnico calificado del Departamento de Estado de EE.UU., determinará la confiabilidad de los funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La decisión fue adoptada luego de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público desmantelaran el 16 de abril del año en curso la llamada red criminal La Línea, integrada por varios funcionarios, entre ellos, dos jefes de la SAT, Omar Franco y Carlos Muñoz.
Múltiples solicitudes de diversos sectores exigen la renuncia de Pérez Molina, puesto que su Gobierno y él mismo están acusados de corrupción, sin embargo, días atrás sostuvo que se mantendrá en el cargo hasta enero de 2016 cuando termine su período constitucional.
El pasado lunes (25 de mayo), el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se sumaron a las solicitudes directas que demandan al presidente abandonar voluntariamente el cargo.
Tras la revelación de un millonario fraude en el sector de aduanas, los guatemaltecos han celebrado varias manifestaciones exigiendo el fin de la corrupción gubernamental, y esta presión ha provocado la renuncia de varias autoridades, entre ellas, a principios de mayo, la de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Además, arrestaron a los jefes del Banco Central de Guatemala, Julio Suárez, y del Seguro Social, el militar Juan de Dios Rodríguez, cercano a Pérez, acusados de un fraude por 15 millones de dólares en esta última institución.
En este contexto, Gustavo Martínez Luna, el yerno del presidente de Guatemala y conocido como su brazo derecho, renunció el martes de la secretaria general de la Presidencia, tras acusaciones de corrupción, al igual que otros de sus hombres de confianza.
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