El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, advierte al gobierno de la región de Cataluña, noreste de España, que podría enfrentarse al artículo 155 de la Constitución, si insiste en sacar adelante su proyecto independentista.
Si bien, el ministro se ha expresado confiado en que "el sentido común de los catalanes y de las instituciones de Cataluña" no permitirá que se llegue a "una situación de crisis y conflicto", en caso de que el gobierno catalán de Artur Mas declare unilateralmente la independencia, se recurrirá al Tribunal Constitucional (TC).
"Nuestro diagnóstico dice que esto es fruto del diseño de unos cuantos y no de la mayoría del pueblo catalán", afirma Catalá sobre recientes encuestas sobre la independencia.
Y- agrega- en el caso de que incumplieran las decisiones del alto tribunal y siguieran adelante, "es ahí donde pueden surgir delitos de desobediencia y prevaricación" y el Gobierno central de Mariano Rajoy aplicará el artículo 155 que permite "obligar" a un gobierno autonómico al "cumplimiento forzoso de sus obligaciones".
A juicio del titular de Justicia, el artículo constituye un mecanismo para garantizar este cumplimiento de obligaciones cuando se produzca un conflicto institucional. Aunque "está en vigor y podría aplicarse, nunca se ha hecho", por lo que hacer uso de esta norma constituye un "escenario teórico y de máximos".
En cuanto a la lista unitaria que pretende formar Mas para presentarse a las próximas elecciones, Catalá se ha referido a recientes encuestas y ha dicho que no cree que “vaya a haber una mayoría a favor de la independencia” y tampoco que la lista única vaya a obtener "una mayoría suficiente para realizar una actuación en ese sentido".
"Nuestro diagnóstico dice que esto es fruto del diseño de unos cuantos y no de la mayoría del pueblo catalán", afirma.
El viernes, Mariano Rajoy aseveró que "habrá elecciones al Parlamento de Cataluña pero no habrá elecciones plebiscitarias como nunca hubo un referéndum (en referencia a las elecciones del 9 de noviembre de 2014)".
El presidente del Gobierno de España contestaba así al anuncio que hizo en enero el presidente de la Generalitat para que el 27 de septiembre celebrarán elecciones anticipadas en esta comunidad autónoma con el fin de “llevar el proceso soberanista hasta la victoria”.
Al respecto, Catalá ha mencionado la simbólica consulta soberanista celebrada el pasado 9 de noviembre. "Fue un proceso que empezó en una impugnación constitucional. Y eso fue lo que provocó que se interpusiese una acción penal por desobediencia a los mandatos del TC, por parte de la Fiscalía", ha precisado.
El Gobierno español ha sido muy criticado por su actuación frente al auge del separatismo catalán, a partir de 2012, tanto por los independentistas que lo acusan de no respetar su “derecho a decidir” o derecho a la autodeterminación como por los centralistas y unionistas, que le achacan inacción o tibieza frente al desafío que plantea el secesionismo.
El proyecto independentista catalán ganó ímpetu con una multitudinaria manifestación en Barcelona, en septiembre de 2012, y alcanzó su clímax el pasado 9 de noviembre, cuando una consulta popular informal congregó a 2,3 millones de personas para votar a favor de la independencia.
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