No hay que sorprenderse. El recurso al magnicidio es coherente con la inmoralidad de la ultraderecha venezolana. Fracasados los objetivos de su escalada de sublevación en las ciudades, acompañada en sus proyectos golpistas solamente por sus aliados más desprestigiados, tenía lógica que echaran mano a un recurso conocido: el asesinato del presidente de la República y de varios de sus colaboradores más cercanos.
Las famosas guarimbas, aunque reaparecen eventualmente, se apagaron como resultado de la firmeza de la dirección revolucionaria, del propio pueblo y hasta del cansancio de los vecinos afectados por la violencia callejera.
El otro recurso, la guerra económica, una de las razones profundas del aumento de la inflación, encuentra respuesta en los planes para la restitución de precios justos a los artículos de primera necesidad y de lucha contra el acaparamiento y la especulación, recursos
tradicionales de la reacción en el ámbito comercial.
Y por encima de ambos frentes, la convocatoria al diálogo, auspiciado por el gobierno, entre las autoridades bolivarianas y la zona más cuerda, mayoritaria, de la oposición legal, y con el empresariado del país.
Poco a poco se conocen nuevas verdades sobre el movimiento guarimbero: la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, al hacer un balance de los hechos violentos ocurridos, aclaró que, de los 174 detenidos, solamente 17 son estudiantes, desmintiendo la afirmación de que se mantienen prisioneros a cientos de universitarios.
Las detenciones, por otra parte, no obedecen a la participación en manifestaciones, lo cual constituye un derecho garantizado por el estado venezolano. Se trata, dijo la fiscal, de la presunción de que los detenidos estarían involucrados en actos violentos, que han costado la vida a 42 personas, civiles y militares, y lesiones a otras 873.
Y se continúan investigando 197 casos de presunta violación a los derechos humanos, mientras se han establecido conclusiones por 24 actos de este tipo. La tortura, afirma la fiscal, no puede ser práctica en Venezuela y se debe sancionar a todo funcionario que la ejerza.
Tejados de cristal
Aún cuando estos procesos obedezcan a la más impoluta legalidad, no significarán nada para una ultraderecha violenta –y para sus aliados, y para los medios de sus aliados–, que no se contenta con otra cosa que no sea la desaparición de la revolución bolivariana.
La medida de su hipocresía nos la proporciona el joven investigador francés Salim Lamrani, concienzudo estudioso de los procesos políticos revolucionarios latinoamericanos.
Lamrani contrasta elocuentemente la actuación de las autoridades venezolanas con las de otros países, glorias y cunas de la democracia occidental. Francia, el supuesto reino de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ha cargado la mano severamente, cuando lo ha entendido, contra sucesos lejanamente similares a los venezolanos, sin pudor y sin escrúpulos: “El 27 de octubre de 2005 estallaron revueltas urbanas en los barrios populares de París y de las grandes ciudades del país, tras la muerte accidental de dos adolescentes perseguidos por la policía. La importancia de las violencias –que no causaron ninguna muerte – era menor que las que han golpeado a Venezuela.
“No obstante, el Presidente Jacques Chirac decidió declarar el estado de excepción en todo el país e instaurar un toque de queda (…), durante varios meses, aplicando así la ley de 3 de abril de 1955 adoptada durante… la guerra de Argelia. Esta legislación, que no se utilizaba desde 1961, suspende las garantías constitucionales y atenta gravemente contra las libertades públicas pues permite ‘prohibir el tránsito de personas’, ‘instituir zonas de protección o de seguridad donde se reglamenta la estancia de personas’ y declarar ‘arresto domiciliario en una circunscripción territorial o una localidad territorial para toda persona que resida en la zona fijada por el decreto’.
Y añade Lamrani:
“La ley de 3 de abril de 1955 confiere ‘a las autoridades administrativas señaladas en el artículo 8 el poder de ordenar registros de domicilio día y noche’ y habilita ‘a las mismas autoridades a tomar todas las medidas para asegurar el control de la prensa, de las publicaciones de toda índole así como de los programas de radio, de las proyecciones cinematográficas y de las representaciones teatrales’.
“Esta legislación da el poder a la justicia militar de sustituir a la justicia civil. Así, ‘puede autorizar a la jurisdicción militar a encargarse de crímenes, así como de los delitos que les son conexos, que incumben [normalmente] al tribunal provincial’, en detrimento de la jurisdicción de derecho común.
Nadie condenó a Chirac. Ningún personaje del establishment estadounidense rasgó sus vestiduras ante la dureza desproporcionada de aquellas medidas.
Como no harán caso ahora a las denuncias del dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, alcalde del municipio caraqueño del Libertador, sobre el complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro, y extender la mano criminal contra las vidas de políticos como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional; Tarek El Aissami, gobernador del estado Aragua y Miguel Rodríguez Torres, ministro del Interior, Justicia y Paz.
Otro episodio, que no será el último, que evidencia la desesperación de la contrarrevolución venezolana ante la firmeza demostrada por la dirección bolivariana, que sigue devolviendo golpe tras golpe a una ofensiva que acudirá a cualquier método, por abyecto que sea, para frustrar el cumplimiento de los sueños de paz y desarrollo del pueblo de Hugo Chávez.
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