Intervención del comandante Timoleón Jiménez en la rueda de prensa en La Habana

Compatriotas y amigos de la paz de Colombia:

Les traemos hoy, además de nuestro abrazo fraterno, un parte de victoria colectiva: hemos logrado, con la invaluable ayuda de la subcomisión jurídica, retirar muchos de los obstáculos que hacían más difícil el camino de nuestra reconciliación. Tenemos una Jurisdicción Especial para la paz que, además de garantizar el respeto a los derechos de las víctimas, será factor dinamizador de la firma de nuevos acuerdos en este tramo fundamental para alcanzar la

terminación del conflicto.

El actual proceso de Paz es el único en el mundo que ha acordado un Sistema Integral que reúne y relaciona todos los elementos que el derecho Internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: los de la Verdad, la Justicia, la reparación y la no repetición.

Aspiramos a que nada detenga ahora el raudal de un pueblo que exige paz y desea fundirse a perpetuidad en un abrazo de reconciliación; un pueblo, que quiere palpar con sus propias manos las bondades desconocidas de la justicia social, y sentir con el advenimiento de la democracia verdadera, que la exclusión y la desigualdad empiezan a convertirse en un brumoso presente que se aleja.

Con la creación de esta Jurisdicción Especial para la Paz hacemos realidad lo reiterado en la Mesa de conversaciones en cuanto a que las víctimas del conflicto están en el centro del acuerdo; la jurisdicción de la que informamos, examinará los hechos ocurridos durante el conflicto armado, establecerá responsabilidades y procederá a sancionar a quienes incurrieron en graves infracciones contra los derechos humanos, infracciones al DIH y crímenes de lesa humanidad.

Hemos buscado que con la creación de esta jurisdicción especial para la paz se satisfagan en el campo de la justicia, las aspiraciones del pueblo colombiano, de las víctimas, de los defensores de DDHH y de la comunidad internacional. Las partes en las conversaciones procuraron conjugar el derecho a la paz como derecho síntesis de todos los derechos humanos -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, con la lucha contra la impunidad que carcome a Colombia desde hace décadas y que ha permitido que las agresiones contra el pueblo no sean nunca debidamente castigadas, siendo ello otro impedimento para la paz.

El Sistema está diseñado para que todas las partes involucradas en el conflicto – combatientes y no combatientes-, tengan oportunidad de ofrecer Verdad exhaustiva, detallada y plena, lo que puede permitirles acceder a medidas sancionadoras de carácter restaurativo, de reparación para las víctimas. Y las sanciones serán alternativas para quienes únicamente ofrezcan una parte de la verdad, y retributivas para quienes negándose a ofrecer verdad sean condenados en juicio. En uno u otro caso, para los responsables las penas pueden alcanzar hasta 20 años de cárcel; es decir, 12 años más de prisión que lo establecido en la última ley de justicia transicional, la 975 de 2005, aprobada por el Estado colombiano.

En tanto los acuerdos respetan el ordenamiento jurídico internacional, contemplan la aplicación del artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, y que dispone: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”. Es obvio entonces, que no será amnistiable ninguna infracción que sea considerada crimen internacional, según las leyes y tratados internacionales.

Además del componente de justicia, el Sistema está integrado por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ya acordada, por unas políticas de reparación integral a víctimas, y por medidas que garanticen la No repetición. Las FARC-EP ya han ofrecido este tipo de garantías al tomar la determinación de pactar la dejación de armas y convertirse en organización legal. De su parte el Estado deberá ofrecer medidas efectivas de No repetición como la eliminación de cualquier vestigio de la Doctrina de Seguridad Nacional, la dedicación del Ejército a defender las fronteras y la soberanía nacional, la destinación de la policía a mantener el orden público, y la erradicación del fenómeno del paramilitarismo.

La jurisdicción especial para la paz dispone de un mecanismo judicial de ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades de carácter voluntario, y un Tribunal para la Paz que juzgará a quienes se nieguen a ofrecer verdad y reconocer responsabilidades.

Resaltemos que, aun, habiendo pagado un alto costo por rebelarnos contra la injusticia; sufriendo también nuestros familiares y allegados las consecuencias de la represión, poniendo en peligro hasta sus vidas, como insurgentes, estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones a lo largo de la resistencia, pero nunca por lo que interesadamente nos imputan nuestros adversarios, sin ningún fundamento ni fórmula de juicio. Como se refleja en el último informe de la fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Colombia, la insurgencia ha sido perseguida implacablemente, con todo tipo de medidas y procedimientos; no han sido las organizaciones guerrilleras las que han disfrutado de impunidad, sino los agentes del Estado y los grupos paramilitares.

Creemos imprescindible, entonces, que el resto de actores del conflicto, tanto los que han combatido, como los que han instigado la guerra desde lujosas oficinas, asuman con valentía su responsabilidad y así lo manifiesten ante el pueblo colombiano, sin escatimar un ápice de verdad. Todo se lo debemos a los colombianos y a las colombianas, y en especial es nuestra obligación respecto a las futuras generaciones, para que nadie vuelva a padecer lo que hemos vivido. Por ello pensamos en que es necesaria una gran jornada de contrición en la que se pueda juntar el universo de la gente involucrada en el conflicto –combatientes y no combatientes-, para limpiar las conciencias, ofrecer verdad, y asumir responsabilidades.

La jurisdicción especial de paz que hemos creado debe inspirarnos a mirar hacia adelante, a acordar sobre el futuro de nuestra patria y dejar de confrontar por el pasado. Debe ser un paso que ayude a impulsar las grandes transformaciones sociales y políticas que deben surgir del acuerdo de paz que estamos empeñados en alcanzar, porque no podemos permitir que al igual que en anteriores intentos de diálogo sucedidos en nuestro país, o en distintos lugares del mundo, no se acometan los cambios estructurales que sirvan como la mayor garantía de no repetición de lo ocurrido.

Hoy anunciamos al país, que haremos todo lo que esté a nuestro alcance por lograr en pocos meses el acuerdo final de paz, y exhortamos a nuestra contraparte en la Mesa a hacer lo mismo, levantando la voz del NUNCA MAS, sobre los cimientos de la Verdad, la justicia y la reparación, como un inmenso farallón andino que detenga para siempre la confrontación armada entre colombianos, favoreciendo la concordia en la América Nuestra.

Solo nos resta expresar nuestra gratitud por su esmero y profesionalismo a los juristas Manuel José Cepeda, Álvaro Leyva Durán, Juan Carlos Henao, Enrique Santiago, Douglas Cassel, y Diego Martínez.

Gracias al Presidente Raúl Castro, al comandante Fidel y al pueblo de Cuba por su solidaridad y altruismo.

Gracias a la República Bolivariana de Venezuela por su apoyo incondicional a la paz de Colombia.

Gracias países garantes de los diálogosNoruega y Cuba,y gracias Chile por su acompañamiento.

“El que siembra amor cosecha amor, y el que siembra amor, amor tendrá”.

Coincidiendo con el Papa Francisco, debemos insistir en que: “No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación”.

Esta victoria no le podrá ser arrebatada al pueblo de Colombia.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP