Insultos, golpes y aislamiento. Son algunas de las vejaciones que M.M.P, preso del Centro Penitenciario de Morón de la Frontera, declaró haber sufrido por parte de cuatro funcionarios de la prisión. Según la denuncia, incluida en el Informe sobre la Tortura y los Malos Tratos en Andalucía en 2012, el pasado 14 de noviembre un grupo de trabajadores del centro le
obligaron a salir de su celda para practicar un registro. Denuncia que le empujaron, abofetearon, desnudaron y golpearon hasta que perdió el conocimiento. Tras permanecer en una celda atado de pies y manos durante catorce horas -y tras recibir atención médica-, pasó a régimen de aislamiento total.
El informe ha sido presentado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura en Andalucía, formada por organizaciones como el Grupo 17 de marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, la Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía y la Federación Andaluza ENLACE. Según el documento, Andalucía es, por detrás de Cataluña y Madrid, una de las comunidades donde más casos de este tipo se producen: en total, 97 personas -distribuidas en 42 situaciones- sufrieron en 2012 una situación de tortura o malos tratos. De las 42 situaciones, 25 hacen referencia a denuncias por tortura y malos tratos, 15 a muertes bajo custodia y 2 a muertes en dependencias o durante actuaciones policiales. Por colectivos, manifestantes (57 personas afectadas y 10 situaciones), presos (16 personas afectadas y 24 situaciones) y migrantes (14 personas afectadas y 8 situaciones) son los más afectados y la Policía Nacional es el cuerpo más denunciado.
Aunque se ha producido un leve descenso en los casos recogidos por la organización, con una media de 53 casos en los últimos años, aseguran que “no ha habido una disminución de esta realidad” y explican el descenso es una “dificultad o relajación” en la recolección de denuncias. Así, el informe solo hace referencia a las denuncias que ha recibido la organización, por lo que Valentín Aguilar (APDHA) considera que “serán muchísimas más sin duda”, aunque admite que igualmente es posible que alguna de las recogidas “no sean tal y como se describen”.
SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD RECLUSA
Para Aguilar, los centros penitenciarios son lugares propicios para que se den este tipo de situaciones, por ser “especialmente opacos”. Según ha explicado, se trata de prácticas que suelen tener lugar en zonas oscuras o de aislamiento y van acompañadas usualmente por desnudos u otras formas de vejación. En este sentido, el representante de APDHA ha denunciado la desaparición de los servicios de asistencia jurídica a presos financiados por la Junta de Andalucía, “un mecanismo importante para que cuando alguien sufre estas situaciones pueda denunciarlo”.
Luisa Márquez, de la Federación Andaluza Enlace, asegura que la situación se agrava, además, cuando se trata de personas drogodependientes. Denuncia “situaciones vejatorias e ilegítimas”, tanto en comisarías como en prisión. “Es común que las personas con las que trabajamos reciban malos tratos. Hay que visibilizarlo, denunciarlo para exigirle al estado que ataje estas situaciones”. Márquez incide en la idea de impunidad que sobrevuela este tipo de casos. “Existe un trato discriminatorio para los presos en las cárceles andaluzas”. Asimismo, ha denunciado los problemas con los que cuentan algunos presos en el acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos, dificultando el tratamiento de enfermedades como la Hepatitis C o el Sida.
No es la primera vez que las cárceles andaluzas están en entredicho. El Consejo de Europa hizo público en mayo un informe que criticaba la situación de los presos en las cárceles de Córdoba y El Puerto de Santa María.
“SI SUBE LA PROTESTA SOCIAL, SUBE LA REPRESIÓN”
Las manifestaciones son otro de los escenarios recurrentes en cuanto a actuaciones abusivas. Para Manuel Serrano, abogado del colectivo 17 de marzo, es frecuente que se recurra a la estrategia del miedo, a medidas coercitivas que provoquen efectos disuasorios, ya sea “vía agresión o vía sanción administrativa”. Serrano, que habla de un intento de “criminalización” para acabar con esas prácticas, denuncia que el Estado no hace lo suficiente para evitarlas e incide en la idea de impunidad que las rodea. Así, asegura que su grupo ha intentado “reiteradamente” que los cuerpos de seguridad cuenten con una identificación clara, sin éxito. “Impunidad, impunidad, impunidad”, resume Serrano.
Uno de los colectivos especialmente sensibles a recibir actuaciones represivas por parte de las fuerzas del orden es el de los periodistas o personas que buscan recoger los hechos. A nivel estatal, la coordinadora contabiliza un total de nueve denuncias por un intento de documentar la protesta.
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