Los comunistas de Dneprodzerzhinsk

Sin evidencia alguna más allá de confusos testimonios y pruebas colocadas para incriminar a los acusadaos (y cuya procedencia no está probada), las autoridades de la ciudad de Dnepropetrovsk, Ucrania, han utilizado todo tipo de artimañas para mantener a estos miembros del Partido Comunista de Ucrania entre rejas.

A finales de 2014, nuestros camaradas Sergey Tkachenko y Denis Timofeev, de la

organización municipal del partido en Dneprodzerzhinsk, fueron detenidos y encarcelados. Están acusados según los artículos 263 y 110 del Código Penal de Ucrania, acusados de promover el “separatismo” en el este de Ucrania por su posición antibelicista contra la “operación antiterrorista” del Gobierno y de tenencia de armas que supuestamente fueron encontradas en sus viviendas.

Desde entonces se han celebrado numerosas vistas. Ni la acusación ni la juez, Tatiana Ivchenko, han mostrado prisa alguna por que se haga justicia. La época de vacaciones o el calor del verano han sido algunas de las recientes excusas que se han utilizado para retrasar el procedimiento. Mientras tanto, nuestros camaradas, que no han cometido crimen alguno, han pasado todo el tiempo desde su detención en agobiantes celdas de la institución peniteciaria. La razón de esos retrasos solo ha quedado clara ahora.

En la última sesión del juicio el 6 de agosto se fijó la fecha del 13 de agosto para la continuación de la vista. Sin embargo, el 11 de agosto, Sergei Tkachenko y Denis Timofeev fueron repentinamente trasladados de la prisión a la corte del distrito de Zavodskoy de Dnepropetrovsk. Sus abogados, Maxim Kudryavtsev y Alexander Posternak, no fueron informados. Los familiares de los acusados tampoco estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo. Solo por casualidad y en el último momento, conocieron esta vista “urgente”, ya que el 11 de agosto era la fecha prevista para la visita de los familiares a Sergey y Denis en la cárcel. Esa visita había sido repentinamente cancelada.

En la improvisada vista, y aprovechándose de la ausencia de los abogados, la juez Ivchenko y el fiscal Vladimir Belianska trataron de presionar a nuestros camaradas, exigiéndoles que renunciaran a sus abogados (que han llevado su defensa durante prácticamente un año) y que aceptaran a los abogados de oficio proporcionados por el Estado. Tanto el fiscal como la juez argumentaron que los abogados de los acusados se habían negado a continuar con la defensa. Si los acusados aceptaban a los abogados de oficio, afirmaron, el caso sería “rápidamente” revisado y se anunciaría la sentencia el mismo 11 de agosto.

Tkachenko y Timofeev no sucumbieron a tales provocaciones y no creyeron la versión de que sus abogados habían abandonado su defensa y exigieron la presencia de los letrados y de sus familias en la vista, por lo que la provocación organizada por las autoridades no tuvo éxito.

En la siguiente vista “fijada”, el 13 de agosto, continuaron las irregularidades. En primer lugar, dos de los testigos previos de la acusación no se presentaron. Cuando los abogados defensores solicitaron la presencia de los testigos, el fiscal afirmó enfadado: “Pasará el tiempo que nos apetezca hasta que se presenten los testigos”.

Además, cuando el fiscal comenzó a describir el caso contra los acusados, la juez, contradiciendo la ley, no permitió que los abogados de la defensa objetaran cuando se producían contradicciones en los testimonios. Las peticiones de los abogados fueron sistemáticmente ignoradas por la juez, lo que causó las muestras de indignación de los presentes en la sala a medida que se caldeaba el ambiente hasta tal punto que uno de los abogados defensores perdió el conocimiento y fue necesaria la presencia de los servicios médicos en la sala.

La sesión prosiguió una vez concluido el trabajo de las asistencias. Ese parón inesperado relajó en cierta medida las ansias de la juez Ivchenko, que comenzó a actuar según las exigencias de la ley, permitiendo dar la palabra a los abogados para detallar las contradicciones en los detalles en el caso planteado por el Estado.  Las peticiones planteadas fueron revisadas y algunas de ellas, aprobadas.

También fue revisado el tema de las medidas cautelares contra los acusados. Igual que en otras ocasiones, el fiscal insistió, sin justificar un trato tan duro, en la necesidad de la detención y aislamiento. Como en vistas anteriores, la juez ordenó que los comunistas continuaran en la cárcel. Les fue denegada la petición de arresto domiciliario y continuarán detenidos durante al menos dos meses más, hasta el 10 de octubre.

La próxima sesión está prevista para el 8 de septiembre.