OCU:"Socialistas y populares apoyan la justicia paralela y antidemocrática del TTIP"

La Organización de Consumidores y Usuarios también se queja del TIPP.- El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea aún se está negociando, pero ya ha generado un número importante de titulares preocupantes. 

Uno de los aspectos más polémicos es el ISDS, siglas en inglés del sistema de resolución de disputas entre Estados y empresas. 

Estos tribunales paralelos parecía condenados a desaparecer de la negociación, ya que el grupo socialista europeo se manifestó en su contra. La sorpresa llegó el pasado 28 de mayo, cuando en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo tanto socialistas como populares votaron a favor. 

Este voto sirve para orientar la posición del Parlamento Europeo ante las negociaciones con Estados Unidos, de las que se ocupa la Comisión Europea. Los socialistas justifican su voto alegando que han conseguido introducir una importante enmienda. 

¿Qué es el ISDS?

El sistema ISDS establece unos tribunales privados donde los inversores podrían denunciar a los Estados si consideran que sus decisiones les hacen perder dinero. 

• Si un Estado europeo aprueba una ley que hace perder dinero a una multinacional, la empresa afectada podría denunciar al Estado. Si el tribunal fallase en contra del Estado, la multinacional se llevaría una indemnización (pagada con dinero de las arcas públicas). 

Faltan muchos detalles. ¿Estarían absolutamente al margen de los sistemas judiciales de los Estados miembros? ¿Quiénes serían los jueces? ¿Cómo serían elegidos? ¿Podría apelarse el veredicto?

Este sistema ya funciona en muchos acuerdos comerciales, donde la respuesta a las anteriores preguntas suele ser decepcionante (tribunales al margen de la justicia ordinaria, sin posibilidad de apelación, con árbitros que no son jueces profesionales y en cuya elección participa también la multinacional implicada).   

• En Egipto, una multinacional francesa (Veolia) ha denunciado la subida del salario mínimo, al considerar que les causará pérdidas económicas.
• Tanto Australia como Uruguay han sido denunciadas por Philip Morris, que intenta frenar la decisión de prohibir que haya publicidad en las cajetillas de tabaco. 
• Cuando el nuevo gobierno eslovaco decidió frenar la privatización de la Sanidad, la aseguradora holandesa Achmea denunció al Estado.

Una reforma insuficiente y ambigua

Los Socialistas Europeos han permitido que este sistema siga presente en la negociación con Estados Unidos, aunque han conseguido introducir una enmienda. 

Esta enmienda hace un llamamiento a la Comisión Europea para que este tipo de tribunales estén:

"sujetos a los principios y el control democrático, donde los casos se traten de manera transparente por jueces públicamente designados, independientes y profesionales, en audiencias públicas y que incluyan un mecanismo de apelación, donde se garantice la coherencia de las decisiones judiciales y se respete la competencia de los tribunales de la UE y de los Estados miembros”.

Esta reforma ya había sido rechazada en el pasado por los propios Socialistas Europeos, al considerarla ambigua. Debe quedar claro que dentro de la justicia europea no puede haber sitio para estos sistemas extrajudiciales.  

Además, hay una clara discriminación: solo los inversores extranjeros pueden recurrir al ISDS, con lo que tendrían más derechos que las compañías nacionales, la sociedad civil o los ciudadanos.

OCU dice NO al ISDS

¿Qué va a pasar? El próximo 10 de junio el Parlamento Europeo debe votar, pero su decisión no será vinculante: digan lo que digan, Bruselas y Washington podrán pactar un TTIP muy diferente al recomendado. 

Pero cuando las negociaciones finalicen, el TTIP tendrá que volver a pasar por la Eurocámara. Por eso importa tanto lo que salga de la votación del 10 de junio: sentará precedente y será una señal de por dónde debe llevar la Comisión las negociaciones.  

• OCU ha escrito a todos los eurodiputados españoles para que rechacen la inclusión del ISDS (o de cualquier otro sistema extrajudicial). Solo son aceptables alternativas públicas, democráticas y no-discriminatorias. Todo lo demás va en contra de los consumidores.