El Parlamento Europeo, Kosovo y Ucrania

El pasado 11 de marzo de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre el proceso de integración europea de Kosovo. La resolución pretende fundamentarse, entre otros elementos del contexto jurídico y político, en la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de 22 de julio de 2010, sobre la conformidad con el Derecho internacional de la declaración

unilateral de independencia de Kosovo. Partiendo de esos fundamentos, en su punto 20, la Resolución “Anima a los cinco Estados miembros de la UE que aún no lo han hecho a que reconozcan a Kosovo”.

Entre los posicionamientos ante la Resolución destaca el que procede de los grupos de izquierda agrupados en torno a la Alianza Libre Europea. En una nota emitida el mismo día 11, el Presidente del grupo, Josep Maria Terricabra, celebra el apoyo del Parlamento a Kosovo. Después de considerar la resolución como señal muy positiva para el reconocimiento del principio de autodeterminación en Europa, la nota afirma lo siguiente: “La mayoría de los diputados han dejado claro que es hora de que la UE complete el proceso de reconocimiento de Kosovo como Estado independiente. Los cinco Estados miembros restantes, entre ellos España, que se niegan a reconocer a Kosovo deben respetar la votación de hoy y el derecho democrático del pueblo en Kosovo para determinar su propio futuro”. Termina  señalando: “Hagamos como europeos respetar las elecciones que el pueblo ha hecho en Kosovo“.

Lo llamativo de esta opción pro-Kosovo es que ALE mantiene posiciones completamente opuestas en el conflicto de Ucrania con el Donbass. En una nota del 16 de septiembre de 2014 en el que se comentaba el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania, la copresidenta del grupo y parlamentaria de los verdes alemanes, Rebecca Harms, señalaba por una parte que el acuerdo es “una señal a los ucranianos que han luchado en su país por más libertad y democracia, arriesgando en ocasiones sus propias vidas”. Pero, adoptando posiciones más radicales que el establishment europeo, precisaba a continuación: “Sin embargo, el compromiso sobre el libre comercio es políticamente inaceptable. El compromiso es bueno a condición de que sea una garantía para la paz, la integridad territorial y la autodeterminación de Ucrania. Lamento por fin que este acuerdo no incluya condiciones en relación con la invasión rusa de Ucrania”.

Defensora radical del régimen de sanciones contra Rusia, y cegada por esa pasión anti-rusa, en una nota del 25 de enero de 2015, Rebecca Harms volvía a desbordar por la derecha a su compatriota Angela Merkel. “El ataque a Mariupol por los separatistas pro-rusos sólo era posible con armas suministradas por Rusia. La declaración paralela de los rebeldes deja claro que rechazan el acuerdo de Minsk [en referencia a Minsk I]… y que las autoridades rusas no les van a forzar a mantener el acuerdo. El proceso diplomático ha sido irrevocablemente superado por estos eventos”, sostenía. Proponía a continuación las siguientes medidas a la comunidad euroatlántica, incluyendo en su proclama a los Estados Unidos de América:

“Después de los acontecimientos de los últimos días, es aún más importante que la UE reaccione de manera unida. La UE debe de nuevo discutir sanciones económicas [], también es importante que los EE.UU. finalmente hablen también con una sola voz”. “La UE debe presionar para una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. La ‘guerra no declarada” en el este de Ucrania representa una amenaza para la seguridad mundial. Todas las partes involucradas deben ser llevadas de forma inmediata a la mesa. La UE no puede permitir que Rusia bloquee tal iniciativa”.

Foto: Koshkin. Uglegorsk.

Convendría que la Alianza Libre Europea aclarara su contradictoria posición ante la autodeterminación y respondiera a algunas preguntas básicas: ¿por qué considera lícito promover la libre determinación en Cataluña o Escocia pero no en Crimea?, ¿por qué se enfrenta a la represión en Serbia pero se calla ante la agresión ucraniana en Odessa y los bombardeos en Donetsk, Lugansk, Gorlovka u otras ciudades sometidas al fuego de artillería durante meses?, ¿por qué, finalmente, considera que la búsqueda de otra vía política para los minorías es propia de los pueblos libres en Kosovo pero sólo de los separatistas en la zona del Donbass?

Es hora de que la izquierda, y en general la ciudadanía con ideas democráticas, aborde este tipo de contradicciones. Es necesario superar las consecuencias derivadas de la alianza concertada, durante la Guerra Fría, entre los sectores más reaccionarios de Occidente y los movimientos nacionalistas que, durante los años treinta y cuarenta del pasado siglo, colaboraron con el nazismo y el fascismo. Los pueblos que se enfrentaron a aquellos regímenes, como el serbio y el ruso, deben dejar de sufrir las consecuencias de esa alianza.

Para ello, hay que superar tres tipos de situaciones. En primer lugar, es preciso denunciar la negación del derecho a la ciudadanía a una parte de la población tras la proclamación de la independencia en los antiguos Estados de la Unión Soviética. Esta problemática, que ha supuesto la extranjerización y marginación más extrema de una parte significativa de la población, en particular de la de origen ruso, es un aspecto que todavía limita el componente democrático de los países bálticos de Europa. No sorprende que los partidarios de estas prácticas antidemocráticas y racistas en Estonia, Letonia y Lituania sean fervientes defensores de la guerra contra el Donbass.

En segundo lugar, se requiere un planteamiento coherente para el tratamiento de los procesos de acceso a la independencia. Esta coherencia no la ofrece en ningún caso la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la independencia de Kosovo.

Para justificar que aquélla declaración unilateral no violaba el derecho internacional, la Corte internacional se basó en dos tesis principales. La primera sostenía que la declaración de independencia no era un acto de las instituciones de autogobierno de Kosovo derivadas de la Resolución 1244 de Naciones Unidas. Según el tribunal, los autores de la declaración no actuaban como institución en el marco constitucional derivado de dicha Resolución sino en su condición de representantes del pueblo de Kosovo, al margen de dicho marco jurídico. Su objetivo era establecer un Estado soberano e independiente, con un significado y unos efectos de tal acción situados al margen del orden establecido por aquella resolución.

La segunda tesis de la Corte Internacional de Justicia era que ni la ley internacional general ni las resoluciones del Consejo de Seguridad, incluida la 1244, prohibían de forma expresa una declaración unilateral de independencia por parte de los líderes políticos albanokosovares.

Combinadas ambas tesis, la Corte concluyó afirmando que no había prohibición específica alguna en la ley internacional que impidiera declarar la independencia a unos actores que, al actuar en tal sentido, lo hacían en una capacidad diferente a la de las instituciones provisionales de autogobierno derivadas de la Resolución 1244. Al no estar los declarantes condicionados por el marco de poderes y responsabilidades que regulaba la conducta de estas instituciones, la declaración no violaba por tanto el marco constitucional establecido por la ONU.

Algunos Estados pueden quedar satisfechos con este razonamiento (o no razonamiento) jurídico. Pero resulta absurdo, que el Parlamento Europeo mencione la Resolución 1244 de la ONU para animar a reconocer la independencia de Kosovo por parte de Estados que se niegan a hacerlo, entre otros argumentos, por considerar que la solución al conflicto debe formularse en el marco de dicha Resolución.

En realidad, esos Estados son los únicos que podrían argumentar con razones legales suficientes en contra de la secesión de Abjasia, Osetia del Sur o Crimea. Porque los demás deberían buscar en vano resoluciones específicas de la ONU en las que se estableciera que los líderes políticos de esos tres territorios no podían actuar, al margen de las instituciones de Georgia o de Ucrania, para declarar la independencia y unirse, en su caso, a otro Estado. Les guste o no admitirlo, los Estados que aceptaron las tesis de la Corte Internacional de Justicia liquidaron en Kosovo algunos de los principios del derecho internacional que hasta entonces habían estado vigentes. Reconstruir el derecho internacional, en la parte relativa a la cuestión del derecho a la independencia, es por ello una tarea pendiente.

Un tercer aspecto a considerar es la necesidad de introducir en la legislación internacional el derecho a la autonomía territorial de las minorías políticas. De partida, la experiencia y el contenido del Acuerdo de Munich para los Sudetes, de 1938, impiden aceptar la forma en que se ha tratado la problemática de la minoría serbia en el caso de Kosovo.

El denostado pacto de Munich, que muchos asocian a una rendición de las democracias ante la Alemania de Hitler, se oponía sin embargo a la imposición automática de la secesión al conjunto del territorio en litigio. El acuerdo establecía el desarrollo de un plebiscito en las zonas en las que la mayoría alemana quedara en disputa, aceptando el mantenimiento en Checoslovaquia de aquéllas en las que predominaba la población no alemana.

La mayor gravedad del planteamiento adoptado en Kosovo es que no sólo se niega el derecho de los territorios de mayoría serbia en a un referéndum respecto al Estado al que quieran pertenecer sino que se niega, además, su derecho a la autonomía política. Kosovo es, por ello, la máxima expresión en el mundo moderno de la negación de los derechos de las minorías nacionales, sobre todo cuando se comprueba que en el nuevo territorio de poder albanés se siguen quemando impunemente las viviendas de la población serbia. ¿Dónde está, por tanto, el componente antidemocrático de la postura de aquellos Estados y fuerzas políticas que se niegan a aceptar este estado de cosas a través del reconocimiento de Kosovo?

Pero no son sólo los serbios de Kosovo los que ven vulnerados su derecho a la autonomía política y a decidir su futuro. Al analizar el caso del Donbass, conviene recordar que una sociedad democrática debe ser capaz de asumir, dentro de su orden constitucional, el derecho de los territorios que así lo demanden a la autonomía territorial. El recurso a la fuerza por parte de Ucrania en las zonas de Lugansk y Donetsk no puede pretender limitar ese derecho. Al contrario, al recurrir a la forma extrema violencia que es la guerra contra la población civil, puede convertirse en el fundamento sobre el que determinados Estados puedan llegar a aceptar una declaración de independencia por parte de los representantes de las dos Repúblicas Populares. ¿No es eso, al fin y al cabo, lo que Occidente teorizó y llevó a la práctica en Kosovo?