Más de 4.700 personas, entre civiles y soldados, han muerto ya, según los últimos datos ofrecidos por Naciones Unidas, en lo que el Gobierno ucraniano sigue llamando la zona ATO, mientras que al menos un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus domicilios, afectados por la guerra. El terrorismo, junto con el patriotismo y la agresión rusa, es uno de los temas habituales en discursos y declaraciones del presidente ucraniano, que desde el inicio de la guerra, e incluso del alto el fuego que sus representantes firmaron con aquellos a los que sigue llamando terroristas, no ha moderado su retórica.
Como el resto de la comunidad internacional, el presidente ucraniano Petro Poroshenko ha condenado el atentado cometido en París contra el periódico satírico Charlie Hebdo, que ha costado la vida a periodistas y agentes de la ley. Como otros muchos ucranianos, Petro Poroshenko colocaba flores frente a la embajada francesa en Kiev y anunciaba también que acudiría a la manifestación de unidad nacional y de condena al terrorismo a la que acudirán también Angela Merkel, David Cameron o Sergei Lavrov. Los tanques y cañones del ejército de Poroshenko seguirán apuntando, a la hora de la marcha, hacia sus propias ciudades.
Mientras el presidente se manifiesta en París contra el terrorismo internacional, la situación en su país se deteriora prácticamente a diario. El 5 de enero, el mismo día en que se producían conversaciones en “formato Normandía”, con representación de alto nivel de Francia, Alemania, Ucrania y Rusia, para avanzar en la negociación que debe dar lugar a un alto el fuego duradero y observado por ambas partes, el informe diario de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) advertía de que la situación en el territorio controlado por la República Popular de Donetsk se había deteriorado considerablemente. El día anterior, el Gobierno ucraniano volvía a acusar a Rusia de enviar armas y tropas regulares a las milicias de las Repúblicas Populares, aunque sigue sin aportar pruebas de ello. Por el momento, las únicas tropas regulares rusas en Ucrania son las que trabajan junto al mando ucraniano invitadas por el presidente Poroshenko.
Tras unas semanas en las que se ha producido un menor número de incidentes, el aumento de la violencia en la zona parece confirmarse, especialmente en los alrededores de Donetsk. Al contrario que en Lugansk, donde las milicias luchan por no permitir avanzar al ejército ucraniano hasta posiciones desde las que su artillería podría alcanzar la ciudad (de ahí la importancia de la lucha por Stanitsa Lugaskaya), los barrios cercanos al aeropuerto internacional están en primera línea de uno de los puntos más calientes de este alto el fuego.
Durante esta semana, Ucrania y la RPD han cruzado acusaciones de violaciones del alto el fuego en la zona de Peski-Andreevka, controlado por el ejército ucraniano y bajo fuego de las milicias, que tratan de alejar al ejército a zonas desde las que su artillería no alcance la capital y en los barrios de Kievskiy, Kirovskiy, Kuybyshevskiy y Petrovskiy, todos ellos objetivos habituales de la artillería ucraniana en estos meses. A consecuencia del aumento de la violencia, el gobierno de la RPD parece haber dado orden de volver a dirigir sus tanques y artillería pesada a la primera línea del frente tan solo unas semanas después de que fueran retirados. Las Repúblicas Populares daban el paso de alejar parte del equipamiento pesado esperando un gesto similar por parte de las autoridades ucranianas.
Pese a que la negociación en el centro de control conjunto situado en Debaltsevo continúan y el trabajo de las delegaciones rusa y ucraniana prosigue su curso, el estancamiento de la negociación política se refleja en el campo de batalla, donde como a diario notifica el informe de la OSCE, la situación se deteriora. Como ya se ha convertido en la norma, las partes se culpan mutuamente de romper el alto el fuego. Y como también es habitual, es la población civil la que sigue sufriendo. En una semana en la que las temperaturas han descendido hasta los -20ºC, la guerra sigue destruyendo viviendas y condenando a sus propietarios a buscar otra vivienda o a vivir en refugios.
Los ataques de artillería contra los barrios de Oktyabrsky y Azotny, que dejaron sin hogar a varias familias, solo es un ejemplo. El ataque en el que Vanya, de 8 años, perdió sus dos piernas, una mano y a su hermano de 5 años, es otro de ellos. A lo largo de esta semana, la administración local de Donetsk ha denunciado a diario la destrucción de viviendas debido a los bombardeos de artillería.
Pese a que la situación sobre el terreno se complica a medida que el invierno llega a su fase más dura, la negociación política continúa estancada. Si la última reunión celebrada en Minsk a finales de diciembre al menos dio como resultado un gran intercambio de prisioneros de guerra, nada ha trascendido de la reunión de “formato Normandía” celebrada esta semana. E incluso aunque se produzca la anunciada reunión del día 15 en Astana, la República Popular de Lugansk ha denunciado que la ausencia de representantes de las Repúblicas Populares (o de “ciertas zonas de Donetsk y Lugansk”, como prefiere denominarlas el Gobierno Ucraniano) hace improbable que se logren avances significativos. Aunque a decir verdad, tampoco los contactos del Grupo de Contacto Trilateral (Ucrania, Rusia, OSCE) ofrecen grandes esperanzas. El cierre del informe sobre los últimos contactos, en los que se trataron los temas de retirada de equipamiento pesado, alto el fuego y situación humanitaria, resume perfectamente la sensación: “El trabajo sobre estos asuntos continuará”.
Organizaciones no gubernamentales exigen garantías a Kiev
No es la primera vez que Human Rights Watch o Amnistía Internacional critican las condiciones en las que Kiev lleva a cabo su “operación antiterrorista”. Sin llegar a cuestionar los motivos o el fondo de la situación, ambas organizaciones han exigido esta semana garantías al Gobierno de Kiev, en ambos casos relacionado con la situación de la población civil. “Aunque puede ser pronto para llamarlo crisis humanitaria, la situación progresa claramente en esa dirección”, ha declarado esta semana Denis Krivosheev, subdirector de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, en parte infravalorando la gravedad de la situación de una población que hace meses que ha dejado de percibir prestaciones sociales y pensiones y cuyas cuentas bancarias han sido bloqueadas.”Tratar de crear condiciones de vida insoportables es un juego completamente nuevo…usar el hambre de la población civil como arma es un crimen de guerra”, prosigue Krivosheev antes de pasar a detallar cómo los grupos armados de ambos bandos impiden el paso de la ayuda humanitaria.
Las dificultades para distribuir la ayuda humanitaria rusa, única ayuda oficial que llega a las zonas de Donbass fuera del alcance de Kiev son sobradamente conocidas, igual que lo es que los batallones voluntarios han negado el paso a los camiones de ayuda humanitaria de la fundación de Rinat Akhmetov acusándole de portar ayuda militar para “los terroristas”. En este sentido, OSCE informa de que 14 camiones de dicha fundación han obtenido permiso para avanzar a localidades de Donbass bajo control ucraniano, quizá como impuesto para permitir también el acceso a Donetsk o como un gesto del oligarca, que trata de mostrar de qué lado está. A falta de comunicado oficial, las fotografías publicadas en el web de la fundación hacen pensar que ayuda humanitaria de Rinat Akhmetov está siendo distribuida otra vez en Donetsk.
Aunque para Amnistía Internacional es demasiado pronto para advertir de un desastre humanitario, el último informe de la OSCE advierte, tras su visita a varios hospitales de la ciudad de Donetsk, de la desesperada situación de los pacientes de hemodiálisis, que máquinas que les mantienen con vida. La llegada de medicamentos en el último convoy de ayuda humanitaria ruso solo ha aliviado en parte la escasez de medicamentos esenciales para poder atender a la población ahora que la violencia parece haber aumentado de nuevo.
Human Rights Watch, por su parte, vuelve a insistir en su denuncia del uso de bombas de racimo. Esta semana, ante la visita del primer ministro ucraniano Arseny Yatseniuk a Berlín, la organización ha exigido al canciller Angela Merkel que presione al Gobierno ucraniano para garantizar la seguridad de los civiles afectados por la guerra. Naciones Unidas calcula en más de 5 millones la población civil afectada por la guerra en Donbass, incluyendo las zonas controladas por las Repúblicas Populares como por el Ejército Ucraniano.
Sin intención de presionar, al menos públicamente, ni a Yatseniuk, a pesar de sus más que desafortunadas declaraciones sobre la historia del siglo XX, ni al Gobierno ucraniano, Alemania y la Unión Europea siguen prometiendo más créditos al régimen de Kiev. Esta semana, la Unión Europea ha anunciado la concesión de otros $2.100 millones. Ucrania, que sigue negociando con el Fondo Monetario Internacional a medida que las dudas sobre su economía aumentan, promete reformas y ejecuta recortes, aunque aumenta el gasto militar.
Alegar la posibilidad, en ocasiones se añade que inminente, de una nueva invasión rusa permite a Ucrania, no solo aumentar el gasto miliar en un momento en que los ministros de finanzas y economía discuten si la suspensión de pagos es o no inminente, sino que permite también reforzar la seguridad en ciudades alejadas de las zonas de guerra. Minada la playa de Mariupol para evitar un desembarco de tropas enemigas y tomados todos los accesos a las Repúblicas Populares, el ejército patrulla ahora la ciudad de Odessa, donde se culpa de explosión de una bomba en una oficina de Euromaidan a “comunistas que han huido al territorio controlado por los terroristas pro-rusos”. Es posible que las autoridades ucranianas se refieran incluso a esos comunistas, detenidos en septiembre, y liberados en Donetsk tras ser entregados como prisioneros de guerra.
Acusaciones aparte, la única amenaza rusa contra Ucrania ha aparecido también esta semana. Una vez asegurado el dinero europeo, Rusia filtra que puede exigir a Ucrania la devolución de los $3.000 millones prestados a finales de 2013, supeditados a ciertas condiciones de endeudamiento que Ucrania ha incumplido. La necesidad de afrontar ese pago condenaría a Ucrania a la suspensión de pagos, por lo que no es de esperar que Rusia cumpla su amenaza, pero sí que lo utilice en la negociación política por las condiciones en Donbass y en la negociación con la Unión Europea para la retirada de sanciones. La Unión Europea, por su parte, recuerda a Rusia que no habrá retirada de sanciones hasta que se cumplan íntegramente los acuerdos pactados en Minsk, olvidando, aparentemente, que incluso los informes de la OSCE afirman que ambas partes incumplen el alto el fuego, y excusando al Gobierno de Kiev por incumplir su parte del acuerdo, derogando, por ejemplo, la ley que debía otorgar estatus especial a las zonas de Donbass fuera del control del Gobierno.
Como era de esperar, la artillería ucraniana no descansó mientras su presidente se manifestaba junto a jefes de Estado y de Gobierno en París, contra el terrorismo y por la libertad de expresión. Mientras tanto, la lucha en el aeropuerto de Donetsk se intensifica, al igual que lo hace el ataque con artillería en otras zonas del frente, incluyendo Gorlovka y el distrito de Kubishevsky de Donetsk.
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