COLOMBIA: Liberamos al General, ¿Y de nuestros presos qué?

Por Mireya Andrade, integrante de la delegación de paz de las FARC EP.- La inminencia de la liberación del general Alzate, como gesto de paz, sumado al compromiso de las FARC de respetar los acuerdos firmados con el gobierno en la mesa de conversaciones de la Habana y de ajustarse a la aplicación de los derechos humanos que protejan a la población civil en el desarrollo del punto de víctimas, contrasta con la inhumanidad y el total abandono estatal en las cárceles colombianas.

En el día de hoy los prisioneros de la cárcel Eron Picota, han tenido que tomar la dramática decisión de irse a las vías de hecho y declararse en huelga de hambre, como protesta necesaria, con la angustiosa esperanza de que sea visibilizada su terrible situación. Los prisioneros  no están reclamando nada suntuoso, ostentoso, o imposible de conceder, solo piden que se les dé a los enfermos la debida atención médica, medicinas y especialistas de acuerdo a la patología, el derecho a un trato justo, lo normal para la existencia de un ser humano en condiciones de dignidad.

En las cárceles colombianas el hacinamiento, la falta de atención jurídica, la violación de derechos básicos como la visita conyugal, alimentación, atención médica, son problemas que se convirtieron en pan de cada día, agravándose progresivamente hasta convertirse en un verdadero atentado al derecho a vivir. Los derechos fundamentales de los prisioneros son cercenados de manera criminal y reiterada, sin que para nada las autoridades carcelarias, particularmente el INPEC, pero en general el Estado se den por entendidos respecto a las graves denuncias de una población carcelaria que vive en absoluta situación de abandono.

Es urgente la solidaridad de organizaciones nacionales, internacionales y defensora de derechos humanos para lograr que estos colombianos prisioneros políticos, presos políticos y sociales tengan la atención que se merecen, que no sean doblemente victimizados por un régimen injusto y arbitrario que no solo condena y extradita inocentes, sino que también los somete a los peores vejámenes en las llamadas cárceles, que no son otra cosa que centros de tortura, hacinamiento y olvido de la condición humana.

Las FARC–EP continuamos exigiendo a las autoridades nacionales que actúen en concordancia con los convenios de Derechos humanos y solucionen de la manera más pronta la situación de los ciudadanos privados de la  libertad.

Resumen Latinoamericano