En Islandia, los ciudadanos repararon la debacle financiera que los exprimía de modo inusual a la tradición europea, al resto del mundo capitalista. No es que se apartaran del sistema económico social implantado, pero lo particular de este evento es la negación a pagar el entuerto que los grupos económicos y los grandes bancos hicieron, y la solicitud de que los culpables asuman sus responsabilidades.
Pero ahí no cesaron las acciones inéditas en esta isla ubicada entre el Atlántico norte y el océano Glacial Ártico; al redactarse este texto al exprimer ministro, Geir H. Haarde, lo procesaban judicialmente. Dos años atrás, el Parlamento sancionó que le iniciaran una causa por la crisis, ante un tribunal político especial creado en el año 1905 y que nunca ejerció funciones hasta el presente.
Al alto funcionario, que desempeñó el cargo entre 2006 y 2009, lo acusan “de violar la ley sobre la responsabilidad de los ministros y de desoír las advertencias que recibió en su momento acerca de una inminente crisis de los principales bancos islandeses en 2008”. Aunque existe cierto resquemor, por ser el único procesado, no obstante el que la comisión parlamentaria formada en 2010 asociara a cuatro exministros de su administración por su supuesta responsabilidad en la crisis. El hecho provocó las críticas de su agrupación partidaria. Al expremier, de 61 años, puede que lo sancionen con dos años de cárcel.
Tampoco han quedado impunes los banqueros. Los medios informativos locales reportaron que se efectúan litigios judiciales contra los directivos del islandés Kaupthing Bank, acusados por la Fiscalía Especial de Islandia de fraude y manipulación.
Vale la pena hacer un resumen de lo sucedido en Islandia, que reafirma la teoría de que las cosas pueden ocurrir de manera diferente a las estipuladas por los dogmáticos libretos de economía neoliberal.
Los culpables de la crisis deben pagar ante la justicia
(Internet)
A la luz de estas ideas, vemos que las políticas del Gobierno islandés estaban orientadas a facilitar y dar la bienvenida al capital financiero de otros países, en particular Inglaterra y Holanda. Lo cual provocó el endeudamiento general, incluso del Estado. La deuda externa de los tres principales bancos islandeses, afirman diversas fuentes, se cuadriplicó “pasando del 200 por ciento del PIB en 2003 al 900 por ciento en 2007”. Esta situación aparentemente bajo el tapete salió a flote al estallar la crisis financiera europea. Entonces, la economía islandesa se derrumbó. Igual sucedió con la moneda nacional.
El gabinete, respondiendo a la ruina, negoció un préstamo de tres mil 500 millones de euros, de varias procedencias y países. Pero tanto, el FMI y la Unión Europea quisieron imponer unas condiciones severas a la población local, al igual que han hecho con Grecia y otros territorios del área. Exigían que cada ciudadano islandés pagara el equivalente a 100 euros al mes durante los próximos 15 años a fin de sufragar la deuda debida a tales bancos.
Esta solicitud promovió la toma de las calles por los pobladores de la isla. El querer que los habitantes costearan el naufragio suscitado por el proceder insensato de la banca, y la connivencia del Estado, fue más de lo que las masas podían aguantar.
Tan preocupante panorama hizo que el jefe del Estado, Ólafur Ragnar Grímsson, declinara aprobar la ley en la cual los ciudadanos se comprometían a asumir el pago de las deudas privadas y públicas, que naturalmente no les pertenecían, además de que para saber la opinión de los naturales sobre la citada legislación se convocó a un referendo.
No hay que ser muy perspicaz para conocer los resultados de esa votación, efectuada hace dos años: fue rechazado el decreto por el 93 por ciento de la población. Los gobiernos británico y holandés, en defensa de la posición de su banca, al igual que el FMI y la Unión Europea, pusieron el grito en el cielo y profirieron amenazas de aislamiento, algo que no hizo inmutar la posición de los islandeses.
La molestia de los isleños pasó a mayores exigencias, entre ellas la de que se redactara una nueva Constitución, escrita por una Comisión Popular, formada por 25 ciudadanos sin filiación política, entre 522 adultos elegidos por el pueblo, dejando al Parlamento fuera de su elaboración. En ese proceso se encuentran actualmente.
Los analistas políticos vertieron algunas opiniones efectivas al decir que es instructivo que “esta pequeña nación haya podido mantener una posición ante el poder económico diferente a la de simplemente aceptar sus decisiones y recetas”. Sin embargo, lo sucedido en esta isla fue mayormente silenciado por la prensa en Europa.
Esta callada por respuesta de los medios de comunicación masiva sobre el tema hizo reflexionar al intelectual portugués Miguel Urbano, en una reciente entrevista que concedió a BOHEMIA, acerca de que “la atención que los medios internacionales dedicaron a la situación resultante de la corrupción de la banca en Islandia fue mínima. Esa actitud no sorprende. El pueblo islandés, además de decidir en un referendo no pagar a los bancos británicos y holandeses deudas ilegitimas, encarceló a los banqueros nacionales cómplices de esos negocios fraudulentos.
“El ejemplo asustó a Bruselas. El problema de la perversión mediática está asumiendo una gravedad creciente. El control hegemónico por el imperialismo del sistema mediático le permite hoy utilizarlo para difundir a nivel planetario una realidad virtual imaginaria que transforma la mentira en verdad. Las guerras imperiales son programadas con antecedencia y al irrumpir elogiadas como intervenciones humanitarias; los líderes que no se someten son satanizados; el terrorismo de Estado se enmascara de cruzada por la democracia y la libertad. Esa monstruosa inversión de la realidad funciona como arma decisiva en la estrategia imperial”.
Y era de esperarse, porque los poderes establecidos entraron en pánico de que se esparza por otros territorios del Viejo Continente en situaciones precarias en estos instantes, como Grecia, Italia, España o Portugal, y que los pueblos puedan decidir que no van a pagar con su sacrificio las deudas que los Estados tienen con los grandes bancos.
La manera de afrontar la crisis financiera de Islandia, y me remito a la opinión de un comentarista europeo, es la prueba palmaria, una más, de que el capital no tiene la verdad. Y el futuro, sobre este mundo, aun cuando aspire a controlar todos los mapas que de él disponemos.
El panorama también muestra la estrepitosa caída del mito de la “democracia representativa”, cuando los gobiernos europeos están cada vez más lejos de sus ciudadanos y cuando adoptan decisiones que afectan profundamente sus vidas y no están en absoluto dispuestos a tener en cuenta su opinión. Es algo más que paternalismo; son directamente conducciones autoritarias, encubiertas por una supuesta estructura democrática.
Entonces, vista la situación en Islandia, habría que preguntarse si no hay alternativas más consecuentes y reales que las propuestas por el FMI o la Comisión Europea para salir de la crisis y progresar en justicia económica y social, en particular para ese 99 por ciento del que tanto se habla en estos instantes, excluido, además de cargar sobre sus espaldas los desmanes del uno por ciento favorecido.
