Ocho meses después del asesinato del periodista Oles Buzina, tiroteado a las puertas de su casa en Kiev, los dos acusados han sido puestos en libertad el pasado 31 de diciembre. Buzina, muy crítico tanto con el Gobierno de Kiev como con sus defensores estadounidenses, fue inmediatamente calificado como “pro-ruso”, etiqueta habitual con la que la Ucrania nacionalista define a prácticamente todo tipo de oposición. Militantes de extrema derecha se han concentrado de forma habitual en el lugar
del asesinato para destrozar la placa en recuerdo al periodista que, en una ocasión, llegaron a sustituir por una que homenajeaba a Andrey Medvedko, miembro del batallón Sich, y de Denis V. Polischuk, acusados del asesinato. Numerosas marchas celebradas en diferentes ciudades del país han exigido la puesta en libertad de los “presos políticos” nacionalistas: los acusados por el asesinato de Oles Buzina y los detenidos por los disturbios del 31 de agosto en la Rada ucraniana en Kiev que causaron la muerte de un soldado de la Guardia Nacional.
Las últimas horas de 2015 trajeron también la puesta en libertad de Alexander Bondarchuk, protagonista de otro de los casos de intimidación e intento de censura a la prensa opositora, en este caso por parte de las autoridades del Estado. Pese a que los crímenes de los que se le acusaba no implicaran ningún derramamiento de sangre ni el uso de armas, el caso de Bondarchuk ha recibido escaso seguimiento en los nueve meses que el editor ha pasado en prisión desde su detención el 18 de marzo tras una denuncia realizada por el diputado de Batkivshchyna (partido liderado por Yulia Timoshenko) Andrey Pavlovsky. “Lo más probable es que para la izquierda leal a Kiev este juicio pase desapercibido”, preveía correctamente el miembro de Borotba Viktor Shapinov. “Continuarán construyendo un “partido ucraniano de izquierdas”, completamente leal y seguro para el régimen fascista. Pero puede que cuando la junta “venga a por ellos”, no quede nadie para protestar”, insistía.
La escasa información disponible en aquel momento solo dejaba entrever que Bondarchuk sería acusado según el párrafo 1 del artículo 110 del Código Penal de Ucrania, “violación de la integridad territorial e inviolabilidad de Ucrania”, por publicar en el periódico que editaba, Clase Obrera, dos artículos que el SBU consideró una amenaza a la integridad territorial de Ucrania. El periódico quedaba inmediatamente suspendido y ni siquiera se daba a conocer el contenido de los artículos que, según el propio tribunal, no defendían directamente la independencia de Novorrusia y se centraban más en la defensa de la clase obrera y la lucha contra la oligarquía. Se admitía así que los artículos por los que se acusaba a Bondarchuk no contenían ningún llamamiento “directo a la modificación de las fronteras del Estado y, en segundo lugar, únicamente contienen ideas inherentes a la ideología comunista o post-comunista”.
Politnavigator relataba entonces parte del interrogatorio de la primera sesión ante el juez, que se centraba en el motivo de la selección de los artículos por los que se le acusaba. “Por favor, explíqueme, ¿qué causó la necesidad de publicar este artículo tan rápidamente, inmediatamente, sin una discusión previa?”, preguntaba el juez. “Para preservar la integridad territorial de Ucrania, tenemos que comprender las circunstancias de todas las partes, toda la esencia del conflicto”, respondía Bondarchuk, que se mostraba también dispuesto a defender ante los tribunales, no solo su libertad de expresión y de prensa, sino también su ideología.
Aquel día, en el exterior de los juzgados, protestaban por el juicio a Bondarchuk Natalia Vitrenko, del Partido Social Progresista (PSPU), y representantes del Partido Comunista de Ucrania (KPU), del que Bondarchuk fue miembro y con el que llegó a ser diputado en el parlamento ucraniano. Aunque debilitados por la ola nacionalista que sufre el país, y ya ilegalizado en el caso del KPU, esos partidos han sido los únicos apoyos con los que ha contado el acusado, cuyo caso no ha trascendido como lo hiciera el de Ruslan Kotsaba, aún en prisión por llamar a sabotear el reclutamiento. Los partidos de la izquierda ucraniana (PSPU, KPU o Borotba) han sido también las principales fuentes de información del caso, prácticamente desaparecido de los medios de comunicación en estos meses.
Sesiones posteriores de un juicio en el que escaseaban los argumentos jurídicos desvelaron el contenido concreto de los artículos publicados por Bondarchuk y de cuya necesidad de publicación dudaba el juez. Se trataba de una entrevista a Pavel Gubarev en la que el líder de la rebelión de Donbass daba su versión de los hechos y de la guerra y que tuvo que ser leído en su integridad en el juicio.
El 1 de enero, el servicio de prensa del PSPU informaba de que, tras fracasar el intento de extender el arresto dos meses más, Alexander Bondarchuk había sido puesto en libertad. “El 31 de diciembre terminaba el periodo de detención, pero el fiscal, infringiendo de manera flagrante las obligaciones impuestas por la ley, exigió que se prolongara otros dos meses la detención de Bondarchuk. Los abogados Nikolay Myagkov y Alexander Gotin destrozaron la argumentación ilegal del fiscal y aseguraron la puesta en libertad de Alexander Bondarchuk”.
El comunicado, recogido por la web rusa Politnavigator, recordaba lo más importante: que el periodista no había cometido crimen alguno. “No ha robado nada, no ha matado a nadie. Ha sido juzgado como editor del periódico Clase Obrera por reproducir una entrevista a Pavel Gubarev”.
El caso de Bondarchuk vuelve a poner de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta la prensa independiente ucraniana. Esta prensa, especialmente la que defiende modelos de izquierdas, se arriesga permanentemente a ser acusada de separatismo incluso por la reproducción de artículos, o de cualquier otro tipo de material periodístico, que se alejen de la línea editorial nacionalista que se exige en el país.
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