sábado, 14 de marzo de 2015

La tregua expone las prioridades del Gobierno ucraniano

El notable descenso en la intensidad de los combates tras la captura de Debaltsevo por parte de las milicias permite observar otros aspectos de la crisis ucraniana. La firma del alto el fuego y las medidas complementarias que debían dar comienzo a un proceso político que, como ocurriera tras la firma del primer acuerdo de Minsk en septiembre, no ha comenzado. Ucrania mantiene el bloqueo económico con el que, desde septiembre, trata de ahogar la economía de las zonas rebeldes. Sueldos y salarios siguen impagados, la ayuda humanitaria sigue encontrando dificultades para atravesar los puestos de control ucranianos y se denuncia el bloqueo de suministros de alimentos procedentes de la parte ucraniana. El tránsito de personas hacia la parte ucraniana sigue estando cerrado. La denuncia de estos hechos por parte de organizaciones internacionales no ha hecho, por el momento, recapacitar al Gobierno ucraniano. Human Rights Watch denuncia hoy mismo las restricciones de movimiento de personas y también de carga, incluyendo ayuda humanitaria y medicamentos. Pese a seguir reclamando el territorio, Ucrania continúa tratando como extranjeros a los ciudadanos residentes en las zonas controladas por las milicias.

Al margen de los puntos más complejos de los acuerdos, tampoco llegan a observarse completamente aquellos puntos de los acuerdos que, aparentemente, parecían más sencillos. Al igual que tras el primer acuerdo de Minsk, cuyos puntos eran similares al firmado el pasado 12 de febrero, el intercambio de prisioneros de guerra entre las milicias de Donbass y el Ejército Ucraniano sigue siendo problemático. Frente a las dificultades para realizar un intercambio según el formato “todos por todos” que exige el acuerdo de Minsk y que inicialmente era el preferido por las milicias, los intercambios se siguen produciendo en grupos y no exentos de dificultades. El trato que Ucrania da, no solo a los prisioneros de guerra, sino también a los presos políticos, es un reflejo del estado actual del país y de las prioridades de su Gobierno, más preocupado por asegurar armamento de Occidente y créditos del FMI que por el bienestar y los derechos de sus ciudadanos.

Desde los primeros intercambios, la milicia ha acusado al Ejército Ucraniano de maltratar a los prisioneros de guerra, algo que también ha denunciado el general Ruban, respetado por ambos bandos, en parte porque no ha dudado en criticar al bando ucraniano cuando este no ha cumplido con sus obligaciones. En un texto en el que narraba uno de los intercambios en los que había participado este año, el general Ruban escribió en su perfil de Facebook: “No nos preocupamos por la gente. Hemos perdido”. El general admitía haber sentido vergüenza por las condiciones en las que la parte ucraniana había transportado a los heridos, “como el ganado”, frente a cómo la milicia había transportado, en ambulancia y en condiciones dignas, a los heridos que entregaba al Ejército Ucraniano.

El pasado verano, cuando se producían los primeros intercambios de prisioneros y Vladimir Ruban comenzaba a darse a conocer como mediador de estos procesos, el propio general detallaba algunos puntos en los que todas las partes coincidían en cuanto al trato a los detenidos: debían ser alimentados, debían tener acceso a atención médica en caso de que fuera necesaria y debían estar provistos de ropa y calzado. Se trataba de garantizar unas mínimas condiciones que la milicia denuncia que el Ejército Ucraniano viola de forma sistemática, tal y como el propio general Ruban y la prensa han podido presenciar.

Uno de esos intercambios de prisioneros de guerra realizados en mitad de la noche en zona neutral ya no sorprendía la presencia de madres de milicianos o civiles detenidos en distintas zonas de Donbass, que ya se ha convertido en la norma. The New York Times ya recogía esta práctica el pasado 24 de septiembre, cuando, tras la batalla de Ilovaysk, la milicia disponía de un mucho mayor número de prisioneros de guerra para intercambiar. La milicia entregaba a “hombres con apariencia de prisioneros de guerra”, mientras que Ucrania entregaba a jóvenes en vaqueros y zapatillas que jamás habían pasado por el frente. Como describía entonces el medio estadounidense, el Ejercito Ucraniano compensaba la carencia de prisioneros de guerra con civiles acusados de simpatías por los separatistas. Meses después, se conoce ya que el Ejército Ucraniano ha utilizado en los intercambios de prisioneros a civiles, familiares de milicianos, periodistas o presos políticos.

En los últimos intercambios, tampoco sorprende ya el estado en el que se encuentran algunos de los milicianos entregados por el Ejército Ucraniano, que no solo no habían recibido asistencia médica sino que, en algunos casos, muestran signos de maltrato. Al margen de las lesiones de la guerra, el Ejército Ucraniano no se ha caracterizado por su buen trato a los prisioneros. En el caso de uno de los más recientes intercambios, sorprendía ver a un miliciano caminando sobre una carretera helada (sobre la que los prisioneros tuvieron que caminar una distancia de 3km hasta el punto de encuentro), no solo sin botas, sino con unos guantes como único calzado.

En ese mismo intercambio de prisioneros era liberado también el periodista Andriy Zakharchuk, detenido días antes en Ucrania acusado de una cobertura informativa favorable a Rusia. Pese a las reticencias de su familia, que dudaba sobre cuál era la opción menos perjudicial para el periodista (ser intercambiado, en la práctica expulsado de su propio país, o afrontar un juicio dudosamente justo), Zakharchuk fue incluido en la lista de prisioneros por el líder de la República Popular de Lugansk, Igor Plotnitsky.

Zakharchuk no es el primer detenido, pendiente de juicio, en ser intercambiado como prisionero de guerra. Ya en diciembre, Timer informaba de 19 ciudadanos de Odessa habían sido intercambiados como prisioneros de guerra. El Ejército Ucraniano liberaba de esta forma a Vladislav Wojciechowski, superviviente de la masacre de Odessa el 2 de mayo y detenido en septiembre en esa misma ciudad acusado de terrorismo. Wojciechowski, como otros supervivientes de la casa de los sindicatos, estaba a la espera de juicio cuando fue enviado a Donetsk como prisionero de guerra. Todo indica que la práctica se ha repetido en diferentes intercambios. Esta misma semana, el diario Timer advertía de que tres presos políticos, dos de ellos acusados por el caso del 2 de mayo (ese que trata de juzgar, no a los agresores, sino a los supervivientes) iban a ser incluidos en el próximo intercambio de prisioneros. Nada hace pensar que esto vaya a cambiar.

El periodista ucraniano Anatoly Sharii ha entrevistado a uno de los supervivientes de la masacre del 2 de mayo en Odessa, posteriormente detenido e intercambiado como prisionero de guerra. No se especifica ni la identidad del entrevistado, que tampoco muestra su cara, ni el momento en que fue liberado. Al margen de la crudeza con la que el entrevistado narra la masacre del 2 de mayo, sorprende el relato sobre el trato que se ha dado a los prisioneros políticos. Tras la masacre, no fueron los agresores los que fueron detenidos, sino los supervivientes, que fueron encerrados en celdas que carecían de ventilación y al margen de los presos comunes.

“Me incriminaron según el artículo 111, alta traición”, dice el entrevistado, mencionando el mismo artículo por el que fue detenido y encarcelado el periodista Ruslan Kotsaba, que había llamado a rechazar el reclutamiento en un vídeo publicado en You Tube. Igual que en el caso de Kotsaba, tampoco en este caso hacen falta pruebas para detener a un activista. En la Ucrania actual, la acusación de separatismo o simpatía con el separatismo, son suficiente motivo de arresto.

“Nos encerraron en celdas separadas”, explica, aclarando que se produjeron arrestos masivos de supervivientes y activistas del campo de Kulikovo. “Hacía 35ºC en la calle, pero hacía más de 50ºC en la celda. Nos prohibieron abrir las escotillas, así que no había ventilación. Así hacían peores las condiciones”. Por eso, explica, los separatistas, en realidad presos políticos, se encontraban separados de los presos comunes. “Las malas condiciones podrían causar alguna protesta entre los criminales”. En el caso de los separatistas, a los que el entrevistado afirma que se torturaba, no existía ese problema.

“El proceso de intercambio de prisioneros es una pura farsa”, afirma, explicando que no son quienes han dado su aprobación para ser intercambiados y entregados a las Repúblicas Populares los que son intercambiados, sino aquellos detenidos sin motivo alguno porque se encontraban en la zona.

Ahora en el extranjero, este superviviente de la masacre de Odessa, detenido e intercambiado como prisionero de una guerra en la que no ha participado, espera poder regresar a Odessa, aunque admite que no será posible a corto plazo. “Volveré a Ucrania cuando haya un nuevo Gobierno, nueva gente y una nueva forma de vida”.

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