viernes, 27 de febrero de 2015

Voluntarios españoles en Donbass detenidos en España

Ocho de los voluntarios españoles a los que se acusa de haber tomado parte en el conflicto de Donbass han sido detenidos por la Policía Nacional a primera hora de esta mañana. A las pocas horas, un escueto comunicado del Ministerio del Interior confirmaba dichas detenciones y advertía que la operación seguía abierta, con registros en curso. No se ha proporcionado la identidad de los detenidos, pero según información disponible en la prensa a lo largo de estos meses, sus iniciales podrían corresponderse en algún caso con la de antiguos miembros de la brigada Prizrak (RPL) y del batallón Vostok (RPD).

La ampliación del comunicado oficial del Ministerio del Interior confirma que los ocho detenidos esta mañana en el marco de la operación DANKO en diversas ciudades españolas viajaron a lo largo del año 2014 a Ucrania y “se  incorporaron a los grupos separatistas prorrusos en el bando que lucha por la independencia de las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk”. Se especifica ahora que las detenciones se han producido en Oviedo, Gijón, Barcelona, Murcia, Cartagena, Pamplona, Madrid y Cáceres.

El Ministerio del Interior confirma que se acusa a los detenidos de “tenencia y depósito de armas y explosivos”. Las pruebas que se han utilizado en la investigación de Comisaría General de Información de la Policía Nacional, órgano integrado en el aparato de lucha contra el terrorismo, parecen proceder principalmente de material publicado por los propios detenidos, por la prensa o por las unidades en las que han participado, tanto en la prensa como en las redes sociales. “Durante su estancia en Ucrania, los hoy detenidos compartieron y difundieron a través de las redes sociales su entrenamiento, exhibiendo uniformes paramilitares, fusiles de asalto, artefactos y dispositivos explosivos, manifestándose a favor de la lucha armada de los secesionistas violentos”, informa el comunicado oficial.

Frente a las filtraciones iniciales que indicaban que los ocho voluntarios iban a ser acusados de asesinato, el comunicado del Ministerio del Interior apunta a presuntos delitos de “cooperación o complicidad en asesinatos y homicidios llevados a cabo por los grupos y batallones a los que se unieron”. El Ministerio del Interior se adhiere a la interpretación ucraniana y señala que las autoridades de ese país han calificado de “actos terroristas” algunos de los hechos ocurridos en Donbass.

La acusación de cometer actos que atentan contra los intereses de España en el exterior que sugerían las primeras filtraciones policiales se ha convertido, según las últimas informaciones oficiales en lo siguiente:

“Estas actividades pueden ser constitutivas de delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, al tratarse de españoles que, al participar en el conflicto armado, violentan la neutralidad que España ha de mantener en relación con la Comunidad Internacional”.

El Comercio de Gijón detalla el contexto político-jurídico de las detenciones. El medio señala que la operación Danko es consecuencia de una investigación promovida por la Comisaría General de Información y de la querella formulada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La querella fue admitida a trámite por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, que se declaró competente para investigar estos hechos en virtud del artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este artículo establece que la jurisdicción española podrá actuar ante “delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.

b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles.

c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.

El Comercio precisa que el Juez Pedraz se habría limitado a autorizar los registros pero sin ordenar las detenciones. Éstas fueron realizadas por la Policía Nacional. El periódico señala que la Fiscalía de la Audiencia Nacional esperará a las declaraciones de los detenidos ante el juez antes de decidir si solicita su ingreso en prisión. Según fuentes jurídicas, la operación se ha llevado a cabo para tratar de “evitar actuaciones en el extranjero que podrían ser consideradas como terrorismo y que tendrían como objetivo aterrorizar a la población civil”.

Numerosos medios españoles señalan que tres de los detenidos son exmilitares y que uno de ellos ha luchado en la primera línea del frente. La prensa indica también que todos los detenidos son de distintas tendencias comunistas.

Las autoridades españolas indican que se trata de la primera operación contra presuntos combatientes en el conflicto ucraniano que se lleva a cabo en Europa

1 comentario:

  1. 2 VOLVIÓ FRANCO A ESPAÑA..DEL BRAZO CON RAJOY..H DE LA G PU...QUE VIVAN.LOS INTERNACIONALISTAS CAMARADAS!!

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