El Gobierno conservador de Mariano Rajoy no quiere publicar el informe que él mismo encargó a un Comité Técnico de Expertos para analizar la situación de los Derechos Humanos en España, según informó hoy el diario Público.
Los expertos denuncian en el informe que "la devastadora crisis económica ha impactado tan negativa como intensamente sobre los derechos humanos en España (…) sobre todo, en relación con los derechos sociales".
Sin embargo, los especialistas aseguran que "no todo lo malo que ha sucedido en este campo puede atribuirse a la escasez de fondos públicos y a la crisis".
"En ciertas ocasiones, la crisis económica está sirviendo de excusa perfecta para dar cobertura a líneas ideológicas retrógradas en materia de derechos", advierten.
El Comité Técnico, formado por 24 profesores universitarios de toda España, fue designado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, un organismo dependiente del Ministerio de Presidencia.
El objetivo de esta investigación era la elaboración del II Plan de Derechos Humanos, sin embargo, el Gobierno ya no lo tiene entre sus principales planes, tal y como denuncia la oposición y más de un centenar de ONG.
Los expertos denuncian que "el proceso de elaboración de esta normativa fue detenida en seco por los responsables políticos", quizá porque el texto pudo "sacar los colores al Gobierno", señalan.
El informe asegura que "España no está del todo al corriente de sus deberes respecto del estándar internacional de protección de los derechos humanos", tal y como recoge el diario Público.
"Es evidente que nuestro Estado se halla entre los más avanzados del mundo en materia de derechos humanos, pero esa luminosa verdad no impide que haya numerosas y crecientes zonas de penumbra", asegura el exdirector del Comité, Fernando Rey, en la introducción del informe 'Los derechos humanos en España: un balance crítico'.
Todo el comité dimitió en febrero de este mismo año tras la negativa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a mostrar los resultados de la investigación en el Congreso de los Diputados.
Los expertos creen que es una realidad que la ciudadanía debe conocer y por ello, al no publicarlo el propio Gobierno, han decidido hacerlo ellos mediante una editorial.
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