El martes, el empresariado venezolano anunció que impugnará la Ley Orgánica de Precios Justos, argumentando que es “inconstitucional”. Asimismo, llamó al Gobierno a liberar las divisas para el sector privado.
“Vamos a presentar un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la ley de precio justo”, según Jorge Roig, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio (Fedecamaras). En opinión de Roig, dicha ley es “inconstitucional” porque declara como materia de “utilidad pública” toda la cadena nacional, cuando la constitución estipula que “el sector privado conjuntamente con el gubernamental son los que deben proponer un modelo económico”.
La Ley Orgánica de Precios Justos, además de contemplar severas penas de hasta 14 años de cárcel para quienes se dediquen a la usura y contrabando de alimentos, garantizará el proceso económico de producción, de establecimiento de márgenes de ganancia no mayor al 30 %, de comercialización y abastecimiento y de distribución logística, a fin de que el pueblo venezolano goce de precios justos.
La norma, en vigor desde el pasado 24 de enero, ha sido decretada por el presidente bolivariano, Nicolás Maduro, con los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional en noviembre para combatir la “guerra económica” de la oposición.
Desde el inicio de su mandato, Maduro se ha esforzado por neutralizar la “guerra económica” de la extrema derecha aplicando medidas contra la especulación, la regulación de importaciones y el control de la asignación de dólares a precio oficial.
Las nuevas iniciativas económicas están encaminadas a enfrentar la usura, la especulación y la inflación para proteger al pueblo y contrarrestar los planes desestabilizadores de la derecha.
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