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| Luis Rivero relacionado con la trama Gürtel |
Después de que el pasado mes de enero, el Tribunal de Cuentas pusiera en cuestión en un informe el "respeto al marco legal contractual" de un aval de cerca de 160 millones de euros que otorgó la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) en 2009 a Sacyr en el marco del concurso para optar a las obras del Canal de Panamá, el Estado
vuelve a asumir un aval de 316 millones de euros a la empresa constructora multinacional Sacyr.
El grupo Cesce, cuyo accionista mayoritario es el Estado, acepta así transformar el aval prestado en 2009 como fianza en una garantía financiera para que un consorcio de bancos acepte refinanciar anticipos recibidos por la constructora y para nuevos préstamos. El objetivo es que Sacyr, junto a sus socios de Italia y Bélgica, logre liquidez suficiente para poder terminar una obra que ha generado cuantiosos sobrecostes.
En medio de una situación general de recortes sociales en España, parece grotesto como el gobierno está dispuesto a meter nuevamente las manos en las caja generada por los trabajadores para facilitar medios a una multinacional cuyos beneficios son de uso exclusivamente privados. También pudiera parecer desmedida la intemediación de la ministra de Fomento, Ana Pastor en el litigio de un contrato privado entre Sacyr y el gobierno panameño a principios de enero.
Aunque algo nos esclareció la noticia que vinculaba a los expresidentes de la constructora Sacyr, Luis del Rivero y José María Loureda con cuentas en Suiza, en las cuales recibieron pagos de 100.000 euros y 1 millón, respectivamente, de un imputado en el 'caso Gürtel', Amando Mayo. Así se recoge dentro de los 4.000 nuevos documentos que la justicia del país helvético ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en respuesta a distintas peticiones de los investigadores de la causa, según fuentes jurídicas.
vuelve a asumir un aval de 316 millones de euros a la empresa constructora multinacional Sacyr.
El grupo Cesce, cuyo accionista mayoritario es el Estado, acepta así transformar el aval prestado en 2009 como fianza en una garantía financiera para que un consorcio de bancos acepte refinanciar anticipos recibidos por la constructora y para nuevos préstamos. El objetivo es que Sacyr, junto a sus socios de Italia y Bélgica, logre liquidez suficiente para poder terminar una obra que ha generado cuantiosos sobrecostes.
En medio de una situación general de recortes sociales en España, parece grotesto como el gobierno está dispuesto a meter nuevamente las manos en las caja generada por los trabajadores para facilitar medios a una multinacional cuyos beneficios son de uso exclusivamente privados. También pudiera parecer desmedida la intemediación de la ministra de Fomento, Ana Pastor en el litigio de un contrato privado entre Sacyr y el gobierno panameño a principios de enero.
Aunque algo nos esclareció la noticia que vinculaba a los expresidentes de la constructora Sacyr, Luis del Rivero y José María Loureda con cuentas en Suiza, en las cuales recibieron pagos de 100.000 euros y 1 millón, respectivamente, de un imputado en el 'caso Gürtel', Amando Mayo. Así se recoge dentro de los 4.000 nuevos documentos que la justicia del país helvético ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en respuesta a distintas peticiones de los investigadores de la causa, según fuentes jurídicas.
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