Los protagonistas de los recientes saqueos en Venezuela no fueron “pobres” robando alimentos, sino capas medias resolviendo los regalos navideños. Desde la última devaluación decretada en febrero se ha agudizado una guerra económica que ha alcanzado el clímax el último par de meses.
Un hombre va con un televisor al hombro; va otro y otro… son decenas. Irrumpieron en un local. Rápidamente, se multiplican en las redes sociales noticias sobre “hechos irregulares” en la ciudad de Valencia (centro-norte); se habla de “saqueo”.
Sin más, la opinión pública (esa fantasía tejida por el poder mediático) acusa al presidente Nicolás Maduro del asalto. Un día antes, la cadena de electrodomésticos había sido inspeccionada por funcionarios estatales. El resultado de la fiscalización: productos remarcados en más de 100%.
El Primer Mandatario fue contundente: “he ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precio justo; que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes”.
En la víspera del “hecho irregular”, las sucursales de Daka ─como Pablo Electrónica, en Caracas─ fueron rodeadas por largas filas de compradores en un episodio que bien recuerda la época de “ta´barato; dame dos”.
Más de un analista ─entre ellos Heinz Dieterich─ se aventuró a rememorar el 27 de febrero del 89 para referirse al “saqueo” en el local valenciano. Un foco de violencia era cocinado por la prensa hegemónica que, como hace dos décadas, se hizo eco de los descalificativos contra los bandidos. Pero esta vez no eran los pobres “robando” alimentos, sino las capas medias resolviendo los regalos navideños.
La distancia entre el Caracazo y el “saqueo” del pasado 9 de noviembre está marcada por un hecho irrefutable: Venezuela pasó de ser uno de los laboratorios del neoliberalismo (recordemos a Carlos Andrés diciendo “el FMI no es la opción; es la única opción”) a ser el segundo país menos desigual del continente.
Los saqueadores de oficio son otros: entre 2004 y 2012, Daka recibió más de 400 millones de dólares para sus importaciones. A la detención de sus gerentes le siguió la de los dueños de los comercios JVG y Mundo Samira. Se salvó la directiva de Imgeve que “voluntariamente” decidió rebajar sus precios en 50%.
Consigna de la ofensiva popular: “¡Ni un dólar más para los capitalistas!”
Este caso de sobreprecios no es un hecho aislado: 92% de los productos importados en Venezuela son traídos con dólar subsidiado. Sin embargo, los precios de venta son arbitrariamente decretados por los empresarios privados.
Desde la última devaluación decretada en febrero se ha agudizado una guerra económica que ha alcanzado el clímax el último par de meses. El índice de escasez es de más de 22% (el más alto desde la crisis global de 2008). Con una inflación que ronda ya 50%, los vaivenes del dólar ilegal marcan la pauta de las conversaciones más anodinas.
Pero, ¿es novedoso que un gobierno con vocación popular enfrente una arremetida de los servidores del gran capital? La “sorpresa” es otra: el Ejecutivo financia a quienes tratan de derrocarlo. Del reparto de los dólares, la tajada mayor le toca a los desestabilizadores: “¿Ustedes saben cuánto le hemos entregado a todo el sector privado venezolano, este año? Va a superar la cifra de 33 mil millones de dólares”, reveló recientemente Maduro.
Los sectores sociales y políticos que proponen profundizar el proceso de liberación nacional hacia el socialismo, como las organizaciones agrupadas en el Bloque Popular Revolucionario o el Partido Comunista, adelantan una ofensiva político-ideológica: “El Estado venezolano debe asumir le monopolio de las importaciones a través de una central estatal única: ni un dólar más para la burguesía parasitaria, comercial, importadora”, ha sido el llamado de las organizaciones revolucionarias de la alianza.
Este instrumento no sólo desplazaría a los parásitos de la cadena de comercialización, sino que permitiría reducir las importaciones de bienes superfluos y reduciría las “oportunidades” para la corrupción en la adquisición de divisas.
Una medida de este tipo sólo puede tener éxito con una correlación de fuerzas favorable a la profundización del proceso revolucionario: el movimiento obrero clasista está luchando por la aprobación de la ley de consejos de trabajadores y el poder popular combate la penetración de la institucionalidad. La batalla por la organización de los responsables de echar a andar el aparato productivo es decisiva para que el pueblo venezolano no termine arando –una vez más- en el mar.
Resumen Latinoamericano
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