Ucrania: la lucha por el poder, no por la democracia

Durante meses, los entonces líderes opositores y gran parte de la prensa occidental enaltecieron las protestas de Maidan por sus valores democráticos. La caída del tirano Yanukovich debía suponer el renacimiento de Ucrania como una nación democrática en la que florecieran los valores occidentales de la libertad, la

democracia o la dignidad. En aquel momento ya era evidente para muchos que el movimiento estaba siendo utilizado para justificar el derrocamiento violento de un presidente elegido por las urnas. El cambio de régimen no tenía que ver con la democracia sino con el poder.

En mayo de 2014, apenas unas semanas después de que comenzaran los combates, el secretario de Estado John Kerry alababa, impresionado, los planes de descentralización del Gobierno de Yatseniuk. Aquel plan excedía, según John Kerry, “los niveles de autonomía o descentralización de todas las regiones de Rusia”. Pese a esa supuesta intención de descentralizar el poder así como de que se produjera un diálogo a nivel nacional, el Gobierno de Yatseniuk ya había iniciado las operaciones militares, en aquel entonces centradas en la zona de Slavyansk-Kramatorsk, donde se encontraba el mayor foco de resistencia. Kiev había nombrado ya a los nuevos gobernadores de Donetsk y de Lugansk, nombramientos que habían causado inmediatas protestas ya que no habían tenido en cuenta la opinión de la población.

Un año después, la reforma política continúa siendo, como otras muchas de las ideas que guiaron Maidan, una promesa incumplida. Con su firma en Minsk en septiembre, Ucrania se comprometía a realizar una reforma constitucional en la que se plasmara la descentralización del poder y el estatus especial de las regiones de Donetsk y Lugansk, ahora bajo control de la RPD y la RPL, y que implícitamente aceptaban regresar a la soberanía ucraniana a cambio de autonomía. En una entrevista a periodistas italianos antes de su visita a Roma, el presidente ruso Vladimir Putin afirmaba que esas concesiones de autonomía no estaban fuera de lo común en cualquier país europeo. Es previsible que el presidente ruso se refiriera a una cierta autonomía política que incluya la cooficialidad de la lengua rusa en las zonas de Donetsk y Lugansk. La negativa ucraniana al uso del término autonomía o a especificar los términos de esta hace que, por el momento, no haya un gran avance en el proceso político.

Las Repúblicas Populares se comprometían a celebrar elecciones locales según la legislación ucraniana, que debía ser aprobada tras la firma del acuerdo. Pero el absoluto fracaso del primer acuerdo de Minsk jamás dio lugar al proceso político que debía abrir el diálogo y la reconciliación. La negativa ucraniana a negociar con las actuales autoridades de las Repúblicas Populares se tradujo primero en un alto el fuego, que solo lo fue en lugares que carecían de importancia militar, y en la posterior reanudación de los combates a gran escala durante el invierno. En febrero, con Debaltsevo ya sitiado y a escasos días de que las milicias recuperaran ese estratégico nudo de transporte, la firma del segundo acuerdo de Minsk trataba de devolver a las partes al mismo proceso que se había iniciado tras la batalla de Ilovaysk.

El acuerdo firmado el 12 de febrero en la capital bielorrusa es, en realidad, una hoja de ruta para el cumplimiento de lo ya firmado en septiembre. Ucrania debe garantizar la amnistía a los participantes en la guerra, garantizar un estatus especial para las zonas de Donetsk y Lugansk fuera de su control e iniciar un diálogo directo con las autoridades de la RPD y la RPL para celebrar elecciones locales.

Si en noviembre las Repúblicas Populares buscaron legitimar a sus autoridades con unas elecciones que no se ajustaban exactamente a los términos firmados en Minsk, las elecciones locales convocadas para el 18 de octubre en Donetsk y el 1 de noviembre en Lugansk sí se limitan al acuerdo. En aquel momento, Ucrania denunció las elecciones como una grave violación de los términos del acuerdo, exigiendo a Rusia que no reconociera los resultados. Rusia, como en el referéndum del 11 de mayo, entendió esas elecciones como una muestra de protesta hacia Kiev y no reconoció oficialmente los resultados, dejando a Ucrania con un único argumento: pese a las largas colas de personas que se habían acercado a las urnas como muestra de apoyo a los rebeldes y como acto de protesta contra Kiev, el Gobierno argumentó que la población había sido obligada a votar a punta de pistola.

Los bombardeos, que no cesaron en ningún momento a pesar del alto el fuego, la implantación del bloqueo bancario y de transporte en noviembre o la negativa ucraniana a negociar con las autoridades rebeldes hicieron fracasar el primer acuerdo de Minsk. Las recientes declaraciones de Petro Poroshenko en las que culpaba a las elecciones celebradas el 2 de noviembre en la RPD y la RPL del fracaso de ese proceso ponen de manifiesto la escasez de argumentos políticos y la falta de voluntad del presidente ucraniano.

“Solo celebrando elecciones libres podremos tener representantes legales en Donbass, con los que resolveremos todos los problemas, sin armas ni influencia rusa, en una semana”, ha llegado a afirmar el presidente Poroshenko, insistiendo en la idea de que no existe en Ucrania ningún conflicto interno. Incluso el vicepresidente estadounidense Joe Biden condenaba el anuncio, calificando las elecciones como “inadecuadas”.

A pesar de que estas elecciones son el prerrequisito para que Ucrania recupere el control de la frontera, principal exigencia ucraniana desde el inicio del proceso de paz, las autoridades de Kiev continúan haciendo todo lo que está en su mano para evitar que el proceso electoral se produzca. Ucrania parece preferir alargar el proceso, esperando quizá que este fracase como ya lo hizo en enero, aunque suponga que una parte de la frontera del país continúe fuera de su control.

Las elecciones “tendrán consecuencias desastrosas en el proceso de Minsk y deteriorarán la seguridad en Donbass”, ha afirmado recientemente Poroshenko, más preocupado por exigir que se mantengan las sanciones contra Rusia que en iniciar el diálogo que permita que se celebren unas elecciones según la legislación ucraniana, tal y como exigen las actuales autoridades de Donetsk y Lugansk. En realidad, alargar el proceso solo beneficia, en términos políticos, a las Repúblicas Populares, que podrían así consolidar su poder y sus instituciones.

Pese a la diferente situación, tanto en lo militar como en lo político, las declaraciones ucranianas son similares a las del pasado octubre, cuando el Gobierno de Kiev trataba de presionar para evitar que se celebraran esas aelecciones. Pero el anuncio de que Donetsk y Lugansk solo celebrarán elecciones en las zonas pactadas por el acuerdo, dejando fuera a las localidades capturadas tras la firma de Minsk-2, principalmente Debaltsevo, ha obligado a Ucrania a afrontar directamente su temor a dar inicio al proceso político.

Kiev se enfrenta ahora a la necesidad de negociar abiertamente la celebración del proceso electoral con unas autoridades a las que ha calificado de terroristas y con las que en repetidas ocasiones ha afirmado que jamás negociaría o a tensar excesivamente, y quizá de forma definitiva, las relaciones con esas regiones. Los representantes de la RPD y la RPL se han mostrado dispuestos a ofrecer concesiones más allá de las exigidas en Minsk, pero su paciencia no es infinita. Existen líneas rojas que la RPD y la RPL no pueden cruzar y son conscientes de que la entrega prematura de la frontera es una de ellas.

Por el momento, las autoridades ucranianas solo han repetido las exigencias de que las elecciones locales sean canceladas y han convocado elecciones locales en el resto de Ucrania para el 25 de octubre. Algunos representantes exigen incluso que se devuelva el control de la frontera como paso previo al inicio del proceso electoral, algo abiertamente contrario a lo firmado en febrero.

Las declaraciones de los gobernadores de las zonas ucranianas de Donetsk y de Lugansk confirman el temor de Ucrania a dar voz a sus ciudadanos. El miedo a que las elecciones locales legitimen el poder de las actuales autoridades de la RPD y la RPL es evidente. Pero el más de un año de guerra ha pasado factura también en la zona bajo control ucraniano de esas regiones.

“Mi posición es que no se convoquen elecciones locales tampoco en el territorio controlado por las autoridades ucranianas”, ha afirmado Pavel Zhebrovksky, gobernador de Donetsk. “Entre toda esta gente, el 70% solo quiere una cosa: paz. Esta gente está desmoralizada, desintegrada y desorientada. ¿Qué elección pueden hacer? Por eso mi sugerencia es tener una administración civil-militar. La región está en guerra”, ha afirmado el gobernador, que a pesar de no prever una victoria electoral del Bloque Opositor, sí admite que la oposición mantiene cierta fuerza.

Si los resultados electorales del pasado octubre o el fracaso de cada uno de los intentos de Poroshenko por congregar a las masas en sus actos en la región son indicativos, la popularidad de Poroshenko o Yatseniuk no es excesiva en esta zona. De la misma forma que los líderes de lo que entonces era la oposición prefirieron derrocar a Yanukovich pese al acuerdo político alcanzado el día anterior, que preveía unas elecciones anticipadas en las que Yatseniuk y Poroshenko habrían tenido la ocasión de derrotar a Yanukovich en las urnas, Ucrania teme de nuevo dar voz a sus ciudadanos.

Pese a todas las dificultades, las recientes concesiones de las Repúblicas Populares (la desmilitarización unilateral de Shirokino, la retirada de armamento de la línea de contacto o la convocatoria de elecciones según la legislación ucraniana) han forzado a Ucrania a dar pasos para cumplir con sus compromisos con el proceso de Minsk o quedar en evidencia ante sus socios occidentales. Por el momento, estas concesiones han dado cierto impulso al proceso político y al acuerdo de retirada de armamento de la línea del frente que debe firmarse en breve, aunque también han provocado nuevas exigencias de Ucrania, que trata de presionar, por lo político y por lo militar, a las Repúblicas Populares para tratar de imponer su interpretación de los acuerdos firmados en febrero.

El autoritarismo de las nuevas autoridades ucranianas se hace evidente en las reticencias de Poroshenko y Yatseniuk a iniciar el proceso de descentralización al que se han comprometido y también la histeria con la que responden a todo lo relacionado con las elecciones locales que, según el acuerdo de Minsk, deben celebrarse en las zonas controladas por las Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk.