El presidente ucraniano Petro Poroshenko participó el sábado en la presentación de armas y equipamiento militar en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional en Novi Petrivts, donde el presidente ha vuelto a alabar la capacidad de la industria militar del país. Pese a que los representantes ucranianos continúan exigiendo a Estados Unidos que suministre material militar letal al Ejército Ucraniano, el presidente ha querido esta vez insistir en los efectos positivos de la guerra en la industria militar local. Ucrania fue, en 2014, uno de los diez principales exportadores de armamento.
La crisis económica ha supuesto un gran golpe para la industria ucraniana, que ha sufrido las consecuencias de las exigencias de austeridad de los acreedores del país, las privatizaciones, o la pérdida del mercado ruso. En el caso de la industria de Donbass, la destrucción de empresas y la falta de recursos ha supuesto prácticamente el cierre de uno de los principales sectores de la industria de la zona. La producción industrial ucraniana se redujo en más de un 20% en 2014.
Pero frente a las dificultades de gran parte del sector industrial, el presidente ha querido insistir, una vez más, en el aumento de producción de la industria militar ucraniana. “La industria de defensa ucraniana, que ha pasado a operar a tres turnos, está estimulando rápidamente el poder militar de Ucrania”, afirmó el presidente según cita Interfax.
Si hace unos días el representante ruso en la OSCE acusaba a Ucrania de utilizar la excusa de la guerra para interrumpir el pago de pensiones a los ciudadanos residentes en zonas fuera del control de Kiev y ahorrar así ese dinero, el propio presidente Poroshenko no se avergüenza al admitir los efectos positivos de la guerra en la economía nacional. “Golpeamos al paro con tanques y blindados”, afirmó insistiendo en el número de puestos de trabajo que ese turno adicional en la industria militar ha creado para el país.
“Los miles de empleos creados en la industria de defensa son nuestra contribución a la recuperación del potencial industrial ucraniano”, explicó el presidente, que espera que se creen hasta 3.000 empleos de este tipo a lo largo de 2015.
Pese al optimismo del presidente, que prefiere olvidar las 6.000 vidas que ha costado por el momento la guerra, el Banco Central de Ucrania prevé que la economía del país se contraerá en 2015 un 15% y una inflación de alrededor del 30%. Esos puestos de trabajo creados por el auge de la industria militar no van a poder compensar los perdidos por los cierres de industrias causados por la pérdida del mercado ruso y la profunda crisis que atraviesa el país.
Tras la huelga de más de 10.000 mineros en la zona de Donbass bajo control ucraniano, que se manifestaron recientemente para denunciar el impago de sus salarios y las ya comunes protestas en Odessa contra la privatización del puerto y de la industria, los trabajadores de la planta de aviación de Kharkov, conocida por la fabricación de los legendarios Antonov, han sido los últimos en salir a las calles para exigir sus derechos. Preocupados también por el declive en el número de pedidos y el desinterés del Gobierno por reactivar la producción, los trabajadores exigen que la empresa, de propiedad estatal, pague sus salarios, impagados desde agosto. “Nos están aplastando con las tarifas de las facturas y se niegan a pagarnos. Lo que nos dan es una indulgencia, no un sueldo para vivir”, cita Sputnik a uno de los trabajadores.
Entre las actuales dificultades económicas y la difícil situación militar en Donbass, el Gobierno de Kiev ha sufrido otra derrota, en este caso judicial. La Corte de Apelación de Kiev ha vuelto a dar la razón a los pensionistas de Donbass. La corte entiende que la decisión del Gobierno de interrumpir los pagos de pensiones a ciudadanos ucranianos vulnera la legalidad. Al igual que tras la primera sentencia, que obligaba a Kiev a reanudar el pago de pensiones a los residentes en zonas fuera de su control, el Gobierno ya ha anunciado su intención de apelar la decisión.
“Tengo una simple pregunta para los jueces de la Corte de Apelación, que han tomado esa decisión”, afirmó el ministro de Justicia, Pavel Petrenko. “Deberían ser enviados con los mensajeros del Tesoro del Estado al territorio fuera del control ucraniano para entregar allí el dinero para el pago de pensiones. Entonces, quién sabe qué decisión tomarían.” A pesar de dejar claro que el Gobierno no tiene intención de cumplir la sentencia, el ministro ha querido desmentir, usando unos términos ya habituales, que Kiev esté utilizando la situación para mejorar la situación económica del Gobierno. “Estos fondos se han acumulado para ser entregados a los ciudadanos que abandonan el territorio ocupado por los terroristas o para cuando esos territorios sean liberados”, insistió antes de continuar criticando como populista la decisión del tribunal. Ni el ministro ni el Gobierno parecen preocuparse por el bienestar de los residentes de una zona que siguen considerando Ucrania.
Ucrania suspendió el pago de pensiones y salarios a los ciudadanos residentes en zonas fuera de control del Gobierno el pasado mes de noviembre. Desde entonces, las críticas a esta actuación han sido escasas, también ahora que según el acuerdo firmado en Minsk el 12 de febrero, el Gobierno ucraniano se comprometía a reanudar dichos pagos. Dos sentencias judiciales después, el Gobierno no ha cambiado de opinión. La semana pasada, los líderes de las Repúblicas Populares llamaron a los líderes de Francia y Alemania, garantes del acuerdo de Minsk, a presionar al Gobierno de Kiev para que cumpla con sus compromisos con los pensionistas de Donbass. Por el momento, no ha habido reacción pública.
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