¡Sorprendente! La España gobernada por el PP trata de colocar un anteproyecto de legislación denominado Ley de Seguridad Ciudadana, redactado por el Ministerio del Interior español con la finalidad de poner coto a las continuas protestas de sus ciudadanos indignado por la crisis, la corrupción y otros males que padecen. Para ello, su objetivo es atacar los bolsillos casi vacíos de los manifestantes con elevadas multas de hasta 600.000 euros, en el caso de que participen en manifestaciones no autorizadas, sobre todo en lugares públicos como instituciones del estado, aeropuertos, centrales nucleares y otros.
Igualmente, se castigará con 30.000 euros para los que insulten a un policía y hasta 600.000 euros por aquellas infracciones administrativas derivadas de concentraciones de protesta ante el Congreso de los Diputados, según anunció el periódico Kommersant.
Esta legislación, puesta en preparación desde hace casi una década, viola directamente los derechos democráticos refrendados por la Constitución española. Lo interesante del caso es que esta legislación antidemocrática y fascista es instrumentada por aquellos que instigan y financian a los miembros de la contrarrevolución interna en Cuba para que promuevan actos de desobediencia social y alteraciones del orden constitucional. ¿Paradoja, no?
Pero esto no solo ocurre en España, sino también en Estados Unidos, el Reino Unido e, incluso, en Rusia, donde las penas son igualmente intimidatorias. En EE UU, por citar un ejemplo, según aparece en la tabla que presenta Ria Novosti, los manifestantes pueden recibir hasta 10 años de privación de libertad y multas hasta de 3 000 USD por manifestarse en lugares públicos.
De esta manera, las arcas de los estados ingresan cantidades por conceptos de multas, adicionales a lo que ingresan por concepto de impuestos, para mantener llenas las arcas del gobierno.
En Cuba se da el caso particular de que la mayoría de los gobiernos extranjeros que se involucran en la tenaz e inapropiada guerra ideológica anticubana, son represores injustos con sus propios ciudadanos. Todo ello me lleva a preguntarme si nuestro gobierno no es un poco suave con los grupúsculos mercenarios que montan sus shows mediáticos en calles, parques y otros lugares públicos, incluidas oficinas gubernamentales. ¿Qué moral tendrían España y EE UU para criticarnos, si aplicamos severas multas a los mercenarios provocadores?
La aplicación de multas a aquellos perturbadores del orden público haría que los señoritos de UNPACU, las Damas de Blanco y otros grupúsculos contrarrevolucionarios, se recogieran al buen vivir, so pena de perder el dinero USA que reciben como premio por su actividad provocadora.
Cuba, en cambio, gasta enormes cantidades de recursos para proteger a los provocadores del repudio popular, lo que se traduce en gasolina, horas hombres movilizados y otros gastos que nunca se recuperan. Creo que si a la contrarrevolución la mueve el afán de dinero, quitándole esa fuente de mal vivir les haría entrar en razón.
Como ven mis lectores, esta es una cuestión no solo de política, sino también de economía. De todas formas, descaradamente, nos endilgan los manipulados juicios de opinión para vendernos infundadamente como violadores de "la democracia" y de los "derechos humanos". Y son los mismos, que en realidad lo hacen a diario.
Como dice el viejo refrán, "A quien quiera azul celeste, que le cueste."
No me imagino, pues, a mercenarios como Berta Soler, al Coco Fariñas, a Martha Beatriz Roque Cabello, a José Daniel Ferrer, etc., etc., ir por lana y salir trasquilados, con su respectiva multa al más rancio estilo de la democracia española.
¿Lo entiendes, Papo?
Percy Francisco Alvarado Godoy
Basado en un artículo cuyo link es http://sp.ria.ru/revista_de_prensa/20131122/158611371.html
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