En la sala del Tribunal Primero de Alto Riesgo de Guatemala se pronunció la condena: el expresidente de facto fue encontrado culpable de los delitos de genocidio y falta de deberes contra la humanidad y era condenado a 80 años de cárcel.
En la sala
del Tribunal Primero de Alto Riesgo de Guatemala se había pronunciado la
sentencia de la jueza Jazmín Barrios: el expresidente de facto, general en retiro José Efraín
Ríos Montt fue encontrado culpable de los delitos de genocidio y falta de
deberes contra la humanidad y era condenado –a los 86 años, casi 87— a cumplir
una sentencia de 80 años. La jueza había reconocido lo excesivo de la pena para
un hombre tan mayor, pero explicó que había antepuesto el derecho de las
víctimas a la justicia. Y había absuelto al exjefe de inteligencia militar José
Mauricio Rodríguez, dándole permiso de retirarse de la sala en su silla de
ruedas.
Eran las 5:10 de la tarde, hora local. La sentencia fue emitida:
"Los juzgadores consideramos que la conducta del acusado José Efraín Ríos
Montt encuadra en el delito de genocidio en calidad de autor, por lo que debe
imponerse la pena correspondiente". Y agregó: "Se ordena la inmediata
detención por la naturaleza de los delitos y se ordena el ingreso directamente
a prisión”.
Y se soltó el pandemónium en la sala que había sido abarrotada
desde primeras horas de la mañana por indígenas de todas las étnias, activistas
de la sociedad civil, prensa, cineastas, políticos, diplomáticos. Las primeras
fotografías que empezaron a circular de la escena muestran a un Ríos Montt que
se quita los audífonos, por primera vez sin la máscara de la sonrisa que
exhibió a lo largo del juicio que empezó el pasado 19 de marzo, con una mirada
de desconcierto.
“¡Cordura, cordura!”, pedía la jueza. Una nube de periodistas le
bloqueaban la vista del acusado que acababa de ser sentenciado en un proceso
judicial de dimensiones históricas. Ríos Montt es el primer exjefe de Estado
sentenciado por genocidio en un tribunal de su propio país en Latinoamérica.
Quizá en el mundo.
En la sala, entre el público que se movía agitado, que gritaba de
júbilo o, en el caso del sector que ocupaban los familiares y simpatizantes de
Ríos Montt, proferían amenazas por lo bajo, se escucharon gritos de
advertencia: “¡Se va, se fue!”.
La jueza Barrios ordenaba: “El señor acusado no puede abandonar la
sala, sus abogados no pueden llevarse al imputado, sus escoltas no lo pueden
sacar de la sala porque la sentencia es en firme”.
Acto seguido, la jueza pidió que se llamara “de inmediato” a la
comisaría de la policía más cercana para que se trasladaran de inmediato a la
torre de tribunales para detener al general imputado de genocidio. Y ante la
insistencia de la defensa de desacatar la orden judicial y sacar del lugar al
atarantado militar, la jueza tuvo que recurrir a una advertencia: “Señores
abogados, no obstruyan la acción de la justicia”.
El caos siguió y entonces Barrios dio la orden a los agentes de
seguridad del organismo judicial de formar una valla. “Hay que hacer una valla
para evitar una posible fuga del imputado”, dijo.
Poco a poco, desde el presídium y sola, con un micrófono, la jueza
logró controlar la escena. Primero fueron desalojados los familiares y
simpatizantes de Ríos Montt, del general Rodríguez y el propio José Mauricio
Rodríguez, es G2, empujado en su silla de ruedas. Luego salieron los asistentes
que acudieron en apoyo al Ministerio Público y a la parte querellante. Pero
antes de que los indígenas salieran de la sala, mirando hacia la tribuna, sin
gritos, pronunciaron al unísono: “¡Tantixh! (gracias, en ixil).
A las 5.50 –diez minutos antes de que se cumplieran las dos horas
del capítulo final de este truculento juicio—ingresaron elementos de la Policía Nacional
y retiraron de la sala al ex dictador Efraín Ríos Montt. Preso.
LA JORNADA Blanche Petrich
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