Juan Campos Vega
Centro de Estudios Filosóficos Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano de la SEP
Centro de Estudios Filosóficos Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano de la SEP
La publicidad gubernamental pretende hacernos creer que las políticas del nuevo gobierno, incluidas en el mal llamado Pacto por México, suscrito por Enrique Peña Nieto y los dirigentes del PRI, PAN y PRD, darán solución a viejos y nuevos problemas que enfrentan el pueblo y la nación. Nada más alejado de la realidad.
Por ejemplo, en Educación de Calidad y con Equidad, establecen que en los últimos años se ha avanzado de manera importante en la
cobertura. Que los nuevos retos consisten en elevar la calidad para tener mejores ciudadanos y personas productivas. Que para ello, se impulsará una reforma legal y administrativa con tres objetivos complementarios: aumentar la calidad de la educación básica que se refleje en mejores resultados en evaluaciones internacionales como el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA); aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educación media superior y superior; recuperar la rectoría del Estado en el sistema educativo nacional, manteniendo la laicidad.[1]
Comentario. Lo primero que resalta es que destaca los aspectos esenciales del problema educativo: ampliación de la cobertura, elevación de la calidad, y orientación que define el tipo de mexicano que se desea formar: un ente productivo; ni más, ni menos.
En la cobertura educativa, los datos estadísticos elaborados durante décadas por el gobierno, confirman que en el nivel básico ha avanzado siempre, sistemáticamente; pero tratándose del nivel medio y superior la afirmación es falsa, lo confirman los propios datos gubernamentales que certifican que millones de jóvenes no tienen acceso a estos niveles educativos, a menos que los que suscriben el Pacto por México se estén refiriendo al incremento del número de escuelas particulares que han proliferado sin garantizar calidad alguna en la enseñanza como lo reconoce la propia Secretaría de Educación Pública, que al referirse a este tema asegura que:
El grupo líder en la acreditación de los programas certificados por su buena calidad está integrado por las universidades públicas federales, estatales y las universidades tecnológicas [...] siguen las universidades públicas estatales de apoyo solidario, los institutos tecnológicos y las universidades politécnicas, [...] En el último grupo se encuentran las universidades privadas”.[2]
Respecto de la calidad de la enseñanza en la educación básica, está supeditada a los resultados que se obtengan del Informe PISA que se realiza en forma trienal a estudiantes de 15 años de edad, independientemente del nivel escolar en el que se encuentren, por encargo de gobiernos y sus instituciones educativas, para examinar tres áreas: habilidad lectora, matemáticas y ciencias naturales.
PISA no mide el conocimiento como tal, sino la capacidad —conocimientos, aptitudes y competencias— para entender y resolver problemas auténticos: habilidad lectora para entender los manuales con los que se operan las máquinas y no para estudiar la historia, conocer el presente y disfrutar de la literatura y el arte; conocimiento básico de matemáticas y ciencias para la misma finalidad, y no para aprender a razonar; es decir, una educación utilitaria al servicio de los monopolios y del capital financiero internacional. Tampoco analiza los planes y programas escolares nacionales, lo que le interesa es que la educación que se imparta sirva a los fines establecidos.
En la prueba de 2009, de 61 participantes, México se ubicó de la siguiente manera: Habilidad lectora, lugar 44 con 425 puntos, por debajo del promedio (493 puntos) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Matemáticas en el lugar 46, con 419 puntos, por debajo del promedio de la OCDE (496 puntos); Ciencias en el lugar 46 con 416 puntos, por debajo del promedio de la OCDE, (493 puntos). En todos los casos superado por escaso margen por Chile y Uruguay.
La finalidad de PISA, instrumento de la OCDE, no consiste solamente en describir la situación de la educación escolar de los países, sino también en promover cambios, estos se fijan en:
El “Acuerdo de Cooperación México–OCDE para mejorar la calidad de las escuelas mexicanas” firmado en 2010. Mediante éste se asigna a las autoridades un conjunto de estrategias para la acción, así como el establecimiento de un marco para la evaluación e incentivos para los docentes. Ahí se encuentran en esencia las orientaciones que han dado paso a las reformas de la ACE, de las que se derivan las reformas curriculares y de gestión establecidas en el Acuerdo Secretarial 592 de la SEP y los nuevos lineamientos de carrera magisterial.[3]
En el caso de la educación media y superior, el Banco Mundial insiste en la necesidad de que no haya diferencia entre educación pública y privada, pero esa diferencia no se refiere a la calidad sino a los contenidos. El BM exige que se destinen menores recursos a ciencias sociales y humanidades, incluso que se reduzcan a ciencias naturales, y que el mayor flujo se destine a carreras vinculadas a la producción, para crear los cuadros medios que requiere la industria extranjera que se apropia, cada vez más, de los recursos naturales, la industria, la banca y el comercio que se encontraban en manos del Estado o de empresarios nacionales.
Con esas políticas gubernamentales, se podría avanzar significativamente en la cobertura educativa, incluso se podría mejorar la “calidad” de la enseñanza; pero los resultados de ese esfuerzo no contribuirían a mejorar las condiciones de vida y existencia del pueblo mexicano, particularmente de los trabajadores, sino a engrosar la ya enormes ganancias del gran capital nacional y extranjero, debido a la orientación utilitarista del modelo que preside la educación nacional, impuesto por los instrumentos internacionales al servicio de los intereses imperialistas y contrarios a los de la nación y el pueblo de México.
El daño para las nuevas generaciones de mexicanos, que generará esta reforma educativa, promovida y aprobada por Enrique Peña Nieto y sus cómplices, es incalculable.
[1] Véase “Pacto por México”, p. 4, en http://pactopormexico.org/acuerdos/
[2] Karina Avilés, “Universidades privadas y normales, ajenas a certificación de excelencia”, La Jornada, México, D. F., 7 de enero de 2013, p. 36.
[3] Armando Azpeitia Díaz, “El impacto de la reforma al artículo 3° sobre las condiciones laborales del magisterio y la educación pública”, en proceso de publicación, 2013.
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