Optimismo moderado —coinciden analistas— es el signo predominante al término de la cuarta ronda de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, en la cual se optimizó el ritmo para culminar el exhaustivo análisis sobre el medular tema del desarrollo agrario, con la coincidencia en torno al propósito de dar a los ciudadanos acceso progresivo a la tierra.
Sin embargo, el proceso vuelve a padecer las secuelas del fuego cruzado. La captura de dos policías y un soldado por la guerrilla, que reivindica su derecho a hacer “prisioneros de guerra”, azuzaron las presiones, al punto de que algunos incluso imaginaron el fracaso anticipado de los diálogos.
Para los insurgentes, las víctimas del conflicto son una responsabilidad del propio Ejecutivo. “Todo el poder armado del Estado e incluso poderes criminales paralelos a su servicio [...] apoyados por la inteligencia y la tecnología de Estados Unidos, se dedica las 24 horas del día a localizar y matar colombianos en pie de lucha. Mal puede pensarse que resultan intocables. Hay una guerra”, señalaban en un comunicado.
“Si el Gobierno toma muy en serio el tema de las víctimas, deberá empeñarse en responderle a la sociedad por ese rosario histórico de crímenes del terrorismo de Estado”, insistió después Iván Márquez, al frente de la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Ante esto, el gabinete del presidente Juan Manuel Santos reaccionó indignado, pero vista la intención de la insurgencia de enmendar -con la liberación de los prisioneros- lo que el jefe del equipo gubernamental en las pláticas, Humberto de la Calle, interpretó como “señal equivocada”, quienes apuestan todavía por la paz negociada celebran la relativa normalidad en que concluyó esta fase.
Abrir la agenda
El jefe de la delegación insurgente,
Iván Márquez, señaló que las
conversaciones son un proceso de
paz y no de sometimiento
A pesar del manifestado propósito de revisar las estructuras que entregan el país a las multinacionales, el Ejecutivo dejó pautada en anteriores declaraciones su negativa a ampliar la agenda: “Ni el modelo económico, ni la doctrina militar, ni la inversión extranjera están en discusión…”.
Ahora, en un intento por evadir un posible debate sobre la extranjerización de la tierra y los proyectos agroindustriales que se vienen aplicando a la fuerza, De la Calle se mostró rotundo: “Algunas de las propuestas de la guerrilla, como el tema minero-energético o la idea de frenar la construcción de megaproyectos para la generación de energía eléctrica, sencillamente no forman parte de las discusiones de la Mesa”.
De ahí la necesaria movilización de las masas “para curarle la miopía al Gobierno Nacional” en determinados asuntos clave. En palabras de la contraparte, representada por Iván Márquez, “este es un proceso de paz, no de sometimiento; habrá que preguntarle al pueblo si quiere que se arroje al olvido el tema del saqueo minero energético pretendido por la voraz política neoliberal, que atenta contra la soberanía y la sostenibilidad ambiental”.
Precisamente toca al pueblo y a la comunidad internacional contrarrestar las maniobras retardatarias de una minoría que mira con reconcomio la mesa de negociaciones, de donde, aseguró categórico el comandante guerrillero, “no nos vamos a levantar”. “Sabemos que se intentará provocarnos agrediéndonos, buscarán un pretexto o lo crearán, pero seguiremos insistiendo en la necesidad de la paz. Eso sí, la paz con justicia social para la mayoría de los colombianos. Porque la paz no es solo el silencio de los fusiles”.
Más voluntad y transparencia harán falta en lo adelante, pues, como asentó el desaparecido combatiente Jorge Briceño, la guerra “no se termina a tiros ni a bombas, ni a misilazos ni con aviones. Se termina con cabeza pensante, con política, resolviendo lo que necesita el pueblo”.
