El Plan Morel y la tramposa Ucrania

El pasado 5 de octubre, el columnista Leonid Bershidsky sostenía en Bloomberg que Occidente imponía a Ucrania la necesidad de convivir con Rusia. Insistiendo en el que apoyo occidental a Ucrania era condicional, afirmaba que los líderes de Francia y Alemania habían planteado a Poroshenko en términos perfectamente claros que el acuerdo de alto el fuego para el este de Ucrania “ha sido reformulado para

situar la responsabilidad en Poroshenko, más que en el presidente ruso Vladimir Putin”.

Bershidsky atribuye esta situación al trabajo del diplomático francés Pierre Morel, que ha trabajado, como representante de la OSCE, en estrecho contacto con Moscú y con los rebeldes de Donbass para desarrollar sus propuestas. Coordinador del grupo de trabajo sobre los aspectos políticos, dentro del Grupo de Contacto Trilateral para la superación del conflicto, Morel era el encargado de preparar un plan de actuación para su aprobación en la reunión de París. El columnista centra la cuestión en la obligación que se establece para Ucrania “de aprobar una ley especial para establecer reglas para las elecciones locales en las zonas de Ucrania controladas por los rebeldes”. Se trata, según dicho artículo de Bloomberg, de una vía para desactivar la propuesta de las Repúblicas Populares de celebrar las elecciones al margen de la legislación ucraniana, en contra de lo previsto en los acuerdos de Minsk. La celebración de estas elecciones era una línea roja para Kiev, por lo que existía el riesgo de ruptura definitiva de Minsk-2 y de reanudación de la guerra a gran escala.

El presidente ucraniano pretendía que la reunión de París se limitara a confirmar exclusivamente la cancelación de las elecciones y la devolución de las fronteras para fin de año. Días antes de la reunión, Petro Poroshenko ya había descartado la propuesta Morel definiéndola como la “opinión personal” del diplomático y había negado cualquier presión europea para su aprobación. Pero, al final de la reunión cuatripartita, el Plan Morel acaba siendo “impuesto a Ucrania en una forma más beneficiosa para Putin”, en palabras de Bershidsky.

El plan define el procedimiento para el desarrollo del acuerdo de Minsk en lo relativo a la realización de las elecciones en las zonas del Donbass controladas por los rebeldes. Esa imposición se traduce en, primer lugar, en que Ucrania debe diseñar la ley electoral especial que defina el procedimiento electoral pactada con los representantes de Donbass. Esa ley debe ser aprobada, garantizando a los dirigentes locales la posibilidad de presentarse a las elecciones a través de una amnistía. Las elecciones deben celebrarse en el plazo de 90 días después de la aprobación de la nueva legislación, tras lo que Ucrania recuperaría el control de las fronteras ahora en manos de la RPD y la RPL. En la práctica, como señaló Hollande tras las reuniones, esto supondrá retrasar el proceso más allá de 2015.

Aunque sostiene que se trata de “una bofetada en la cara de Poroshenko”, ninguno de los aspectos que señala Bershidsky introducen variaciones de fondo sobre el acuerdo de Minsk más allá de extender el límite de cumplimiento de los acuerdos a 2016, algo a lo que Ucrania se ha negado hasta ahora. Incluso después de la reunión, varios representantes ucranianos, incluido el Petro Poroshenko, han insistido en que Ucrania debe recuperar el control de sus fronteras antes de finalizar 2015.

El punto 4 de los acuerdos de febrero de 2015 establecía la realización de elecciones locales de acuerdo con la legislación ucraniana. Pero también introducía otras dos precisiones. La primera era que esta conformidad debía también vincularse a los preceptos de la nueva ley a aprobar por Ucrania sobre autogobierno local provisional en determinadas áreas de las regiones de Donetsk y de Lugansk. La segunda era la exigencia de un diálogo sobre la manera de llevar a cabo estas elecciones en el marco de esa normativa y sobre la administración futura de esas áreas de conformidad con la nueva legislación sobre autogobierno provisional. El punto 12 de Minsk señalaba, en este contexto, que de acuerdo con la legislación sobre este autogobierno provisional, “las cuestiones relacionadas con las elecciones locales serán discutidas y acordadas con representantes de ciertas zonas de las regiones de Donetsk y Luhansk en el marco del Grupo de Contacto Trilateral”.

Las propuestas de Morel no son estrictamente personales ni son tampoco el resultado de una confabulación con la parte no ucraniana. En el marco del grupo de trabajo político de Minsk, sus propuestas también fueron debatidas con la parte ucraniana. Tras reunirse unos días antes con los ministros de asuntos extranjeros de Francia, Rusia y Ucrania, el jefe de la diplomacia alemana, Frank-Walter Steinmeier lo aclaraba cuando, el 16 de septiembre, resumía los avances en la negociación. En relación a las modalidades y el calendario de las elecciones locales, estatus político y reforma constitucional, el ministro de Exteriores alemán concretaba que “las propuestas sobre estas cuestiones están encima de la mesa y estimamos que constituyen una buena base para las decisiones a tomar próximamente”.

La nueva situación, Francia y Alemania ya no culpan únicamente a Rusia de la falta de progreso en el proceso de Minsk,  coloca a Poroshenko en una posición muy difícil ante la necesidad de aprobar en el Parlamento una nueva ley electoral especial para el Donbass. La posibilidad de una ruptura del gobierno y de elecciones anticipadas es real. Pero lo que ha llevado a Ucrania a esta situación es responsabilidad directa de los líderes nacionalistas ucranianos.

Por una parte, es el resultado de la negativa del régimen de Kiev de negociar y pactar el desarrollo de las elecciones en Donbass con los representantes de Donetsk y de Lugansk dentro del marco previsto del Grupo de Contacto Trilateral. Por otra, es el reflejo de la completa falta de voluntad de Ucrania por impulsar el autogobierno de las regiones separadas. Esto ha hecho perder a Poroshenko la ocasión que le facilitaba la oportunidad de introducir, dentro de la regulación del autogobierno provisional, las bases de una regulación específica del proceso electoral para las zonas concernidas de los Oblast de Donetsk y Lugansk.

El problema de fondo sigue siendo, por tanto, la ausencia de compromiso en la aplicación de los acuerdos alcanzados por parte de Ucrania”. Como comentaba recientemente Zenon Zawada en el nacionalista Ukrainian Weekly, Poroshenko trata a toda costa de posponer la aprobación definitiva de la reforma constitucional sobre la descentralización hasta que pueda conseguir sus objetivos, después de la devolución de las fronteras o, al menos, del desarrollo de las nuevas elecciones en Donbass. Pese a los intentos ucranianos por modificar los términos del acuerdo en su favor, Minsk establece un orden contrario en su procedimiento de resolución del conflicto.

Es a esta falta de voluntad ucraniana a la que también se refiere implícitamente Bershidsky cuando sitúa las únicas opciones de Poroshenko en intentar diluir el plan Morel o no tratar con suficiente fuerza que se apruebe la nueva norma electoral. Las autoridades ya están trabajando en esa línea. El 6 de octubre, Yuriy Lutsenko, uno de los asesores más cercanos del presidente ucraniano, señalaba que Ucrania se opondría a la amnistía para algunos de los dirigentes del Donbass o a la simple celebración de elecciones mientras se mantenga la “ocupación”. Lutsenko también daba a entender que el Parlamento ucraniano no podría aprobar la nueva ley así que seguirían siendo necesarias las maniobras políticas y diplomáticas. Parte de ellas son las declaraciones del día 4 de octubre en las que Porosohenko se ratificaba en conseguir sus objetivos, sobre todo la recuperación de las fronteras, antes de finales de año.

Pero se trata de algo que ya no creen ni los más firmes defensores del proceso Maidan. En su artículo en el Ukrainian Weekly, Zenon Zawada revela que Ucrania seguirá con su política de maniobra y de dar por hecho que ya trabaja en la preparación de la nueva ley electoral en el marco de los grupos de trabajo de Minsk.

Según otras fuentes, como Andrew Rettman, el Plan Morel habría pretendido en realidad ir más allá de lo acordado en París. Morel podría haber propuesto unas elecciones organizadas por las propias regiones del Donbass, en un proceso que habría desembocado en un estatus de relaciones más estrechas con Rusia aunque manteniéndose, de jure, como parte de Ucrania. Esta formulación podría haber sido la respuesta a una propuesta rusa y de las Repúblicas Populares de realización directa de las elecciones bajo normativa Donbass que habría avanzado en el proceso de alejamiento de Ucrania de la región.

Propuesta a título personal, o como forma de atender también las peticiones de los representantes de Donbass, esta formulación del Plan Morel contó con la oposición rotunda de Estados Unidos y del propio Poroshenko (su referencia a la “opinión personal” de Morel se enmarca en este contexto). Pero la parte ucraniana sí se vio forzada a aceptar la nueva ley electoral especial para el Donbass en el acuerdo de París. Esto supondría así un cierto grado de cesión y compromiso entre las partes, la ucraniana incluida.

Pero, de nuevo, puede simplemente tratarse de estrategia de supervivencia de los actuales líderes ucranianos. En su valoración de la situación, George Soros señalaba recientemente que Ucrania había aprendido rápido a disfrazar, con apariencias de cumplimiento legal, su boicot efectivo al Plan de Minsk. Todo siempre para ganar un tiempo que creen tener de su lado.

La cuestión, de nuevo, es si los tramposos conseguirán al final salirse con la suya.

Slavyangrad