Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España
El 6 de septiembre el diario El País dedicó un editorial al cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, siguiendo otro publicado el 31 de agosto. En ambos, los editores del diario estrella del Grupo Prisa libran de toda responsabilidad en la situación al gobierno del presidente Juan Manuel Santos e ignoran los 60 años de guerra interna, desidia gubernamental, crisis humanitaria, paramilitarismo y guerrilla, así como las más recientes políticas neoliberales que mantienen a nuestra hermana Colombia
como uno de los países con más desigualdad en el continente.
Ya es costumbre de este diario vilipendiar al gobierno venezolano, basta recordar su apoyo al Golpe de Estado de 2002, la inmoral publicación de la foto falsa del presidente Hugo Chávez convaleciente o las declaraciones de su actual director al asumir el cargo en 2014, asegurando que el diario “intervendría” en la “transición” en Venezuela.
Pero por respeto y responsabilidad con sus lectores este diario debería procurar un mínimo de atención a los hechos, aún cuando se trate de publicar opiniones, más cuando se trata de temas tan delicados como las relaciones entre dos naciones. Y es que estos editoriales parecen más bien una campaña más desarrollada por el Grupo Latino Publicidad (GLP-Colombia), en la que son socios la Casa Editorial El Tiempo ─todavía muy vinculada a la familia Santos─ y el Grupo Prisa, con tantos otros negocios en Colombia.
Lo cierto es que más de cuatro millones de hermanos colombianos han emigrado a Venezuela presionados por la situación de guerra interna y falta de oportunidades en su país, recibiendo, especialmente con los gobiernos del presidente Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro, todo el apoyo de los programas sociales venezolanos. No se puede decir lo mismo del tratamiento que el gobierno de Colombia le ha dado a millones de colombianos desplazados por el conflicto interno y la miseria.
Lamentablemente, el cierre de la frontera con Colombia es una necesidad para nuestro país hasta que el gobierno colombiano, tras años de reuniones y promesas incumplidas de coordinar acciones con nuestras autoridades, tome medidas efectivas para evitar el crimen transfronterizo que afecta seriamente la paz y la economía de nuestro país, a través del paramilitarismo, el contrabando y el ataque a la moneda a venezolana.
En este contexto, Venezuela sólo ha deportado a ciudadanos colombianos detectados en situación irregular y/o vinculados a actividades delictivas, siguiendo los protocolos legales necesarios.
La mayor prueba del estado de abandono en que el gobierno colombiano tiene a su población en la frontera y cómo ha permitido el florecimiento de actividades criminales e ilegales que lesionan a Venezuela, es la crisis de desabastecimiento y las largas colas que se han evidenciado del lado colombiano tras el cierre de la frontera y que el aparato mediático de la derecha intenta presentar como una responsabilidad de nuestro país.
No obstante y contrario a lo señalan diarios como El País, el presidente Maduro sigue llamando al diálogo directo al presidente de Colombia, para articular soluciones estructurales a todos estos problemas. Es responsabilidad del presidente Santos no seguir ocultando esta realidad y dar la cara a los pueblos de Colombia y Venezuela.
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