El poder se impone a la justicia

Pese a las repetidas alabanzas de la Unión Europea y Estados Unidos, que prefieren centrarse en los aspectos positivos del cambio de régimen, numerosos casos han mostrado en el primer año de vida de la nueva Ucrania que la justicia está lejos de ser igual para todos. La ideología nacionalista tras la que se ha escondido durante meses el Gobierno ucraniano, explotando el miedo a la siempre inminente invasión

rusa para evitar posibles protestas sociales relacionadas con el grave estado de la economía del país, ha conseguido que cualquier acusación de separatismo sea suficiente para callar, durante unos meses de prisión preventiva, las voces incómodas de la oposición. Los medios de comunicación solo recogen algunos de los casos más relevantes.

El caso más conocido continúa siendo el de Ruslan Kotsaba, que pese a haber defendido las protestas de Maidan, no dudó en criticar la guerra no declarada del Gobierno de Kiev contra la rebelión de Donbass. Detenido en febrero y acusado de cargos más propios de la guerra fría, el periodista sigue enfrentándose desde el banquillo de los acusados a los nacionalistas ucranianos que acuden a la sala a increparle. Según su abogada Tetiana Montian, ninguno de los testigos ha conseguido probar que el famoso vídeo en el que el periodista llamaba a sus compatriotas a evitar el reclutamiento haya causado la deserción de ningún soldado.

Aunque menos conocido, el caso de Sergey Dolgov, que llegó a ser planteado en el Parlamento Europeo, continúa siendo el más extremo. Desaparecido desde junio de 2014, días después de que el ejército ucraniano, apoyado por el batallón Azov, recuperara el control sobre Mariupol, el único delito del periodista era editar un pequeño periódico llamado “Quiero vivir en la URSS”, suficiente para justificar una visita de las autoridades y una acusación de separatismo. Pese a que las autoridades locales del SBU afirmaron haber detenido al periodista, las autoridades  ucranianas negaron después esa información.

Pese a la información publicada en el Moscow Times, el cuerpo de Dolgov, a quien se presume fallecido, nunca apareció, por lo que oficialmente continúa desaparecido. La explicación de las autoridades ucranianas, que niegan conocer el caso, fueron suficientes para la alta representante de la Unión Europea para la política exterior, que no solo tardó tres meses en responder a la pregunta sino que recriminó a Papadakis haber sugerido que las autoridades ucranianas habían asesinado al periodista. Papadakis solo había exigido que la esposa del periodista recibiera una explicación, jamás sugirió que hubiera sido asesinado.

En Odessa, el periodista Artyom Buzila continúa encarcelado a la espera de juicio acusado de separatismo por su apoyo a las Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk y su oposición a la guerra. Más joven, menos conocido y parte de la oposición, su caso no ha tenido la visibilidad que sí tuvo el de Kotsaba, a quien Amnistía Internacional declaró preso de conciencia. En una manifestación en su apoyo la semana pasada en Odessa, alrededor de cincuenta personas fueron detenidas.

El caso del editor y periodista Alexandr Bondarchuk, detenido a finales de marzo, obtuvo cierta presencia mediática por la importancia del acusado, antiguo diputado por el Partido Comunista, y por lo poco consistente de los cargos. Según la acusación, varios de los artículos publicados por el periodista en calidad de editor del periódico “Clase Obrera” amenazan indirectamente la integridad territorial del país. A ello se unía el agravante de la ideología de dicho medio, ya censurado, que llamaba a nacionalizar las propiedades de la oligarquía. En la primera vista preliminar tras la detención, el periodista se reafirmó en sus actos y en sus opiniones y apeló a la libertad de prensa para defender la publicación de artículos procedentes del otro lado de la línea del frente y a la libertad de pensamiento para defender sus ideas comunistas.

Tras la aprobación de las leyes que igualan comunismo y nazismo y prohíben la propaganda de ambos, todos los partidos de ideología comunista han quedado de facto ilegalizados. Los partidos que defendían esa ideología han quedado condenados al exilio, la clandestinidad o el abandono de sus ideas y sus símbolos. Pero la represión contra los partidos y representantes comunistas había empezado ya meses antes de la ilegalización.

Los insultos a Petro Simonenko, durante años líder del Partido Comunista de Ucrania en la Verkhovna Rada se convirtieron en habituales durante los primeros meses del nuevo régimen. Simonenko llegó a ser agredido mientras intervenía en el parlamento. Las sedes comunistas han sido ocupadas y saqueadas por militantes de extrema derecha, que recientemente ocuparon también la sede comunista en Odessa. La misión de observación de la OSCE en Ucrania confirmaba al día siguiente que militantes del Praviy Sektor habían impedido el paso a la sede ocupada.

Los comunistas de Dneprodzerzhinsk

En enero, meses antes de la ilegalización, la web ucraniana Liva informaba de la situación de Sergey Tkachenko y Denis Timofeyev, dos miembros del Partido Comunista de Ucrania, detenidos en septiembre en Dneprodzerzhinsk, ciudad natal de Leonid Brezhnev. En su artículo, Andriy Bondarenko, secretario del comité regional del KPU en Dnipropetrovsk, calificaba la detención como algo prácticamente inevitable debido al largo enfrentamiento entre el KPU y los poderes que dominan la ciudad. Esos choques tienen su origen de la década de los 90, momento en que desaparecido el antiguo régimen, trataban de crearse, en un clima de profunda crisis económica y también de transición ideológica, los nuevos partidos y las nuevas autoridades.

La relativa fortaleza del KPU en la región hizo del partido un objetivo para los poderes que maniobraban con total impunidad en aquel momento. Las luchas internas, instigadas, según Bondarenko, desde fuera, amenazaron con crear una escisión dentro del partido, algo que el trabajo de Sergey Tkachenko, un ingeniero que fue ascendiendo hasta llegar al liderazgo del partido en la región desde el Komsomol, las juventudes del partido, consiguió evitar. Pero Tkachenko no pudo evitar los roces con la facción regional del Partido de las Regiones, acostumbrado quizá a una actitud excesivamente complaciente de su aliado, el KPU.

Tras años en las filas del partido, Denis Timofeyev, de procedencia humilde y taxista de profesión, comenzó a organizar movilizaciones antifascistas con las que trataba de desenmascarar el carácter extremista del nacionalismo ucraniano que era ya evidente para parte de la izquierda a mediados de 2013. En una pelea entre comunistas y miembros de Svoboda en agosto de 2013, Timofeyev resultó herido, aunque continuó con su labor y lideró otro gran acto antifascista en la ciudad el 5 de febrero de 2014, apenas dos semanas antes del golpe de Estado que llevaría al poder a la fracción nacionalista a la que tanto Timofeyev como Tkachenko se habían opuesto abiertamente.

En los meses posteriores, a medida que se intensificaban los ataques de la extrema derecha, los comunistas de la ciudad organizaron grupos para proteger los monumentos soviéticos de la ciudad, principalmente la estatua de Lenin, objetivo habitual del nacionalismo ucraniano, y la de Dzerzhinsky. Más adelante comenzaron a distribuir octavillas denunciando la guerra contra la población de Donbass y la deriva económica del país.

Ante la buena respuesta de la ciudad a esa iniciativa, los comunistas crearon “Prometheus”, un pequeño periódico que distribuían en centros de trabajo y que, a pesar de contar solo con tres ediciones, llamó la atención de las autoridades. La acusación de contener propaganda separatista fue suficiente para justificar el registro de las viviendas de un buen número de activistas comunistas de la ciudad. Estos registros afectaron a varias oficinas comunistas de la ciudad y de la región y a las viviendas de Sergei Tkachenko y Elena Suchova, secretarios, primero y segundo respectivamente, del comité local del KPU, y Denis Timofeev, segundo secretario de un comité de distrito.

Timofeyev y Tkachenko fueron detenidos el 1 de septiembre tras una serie de registros que, aseguran, no cumplieron con el procedimiento. Según su testimonio, los agentes del SBU encontraron en las viviendas granadas y explosivos en un segundo registro y en zonas que ya habían sido registradas. Timofeyev afirma que se encontró una granada perfectamente limpia  en una zona cubierta de polvo. Tkachenko insiste en que la granada encontrada en su apartamento se encontró en la cocina, perfectamente a la vista, casualmente lugar en el que los agentes comenzaron a redactar el informe del registro cuando solo se había encontrado prensa simpatizante con los separatistas. Ambos insisten en que fueron los propios agentes quienes colocaron esas pruebas para justificar las detenciones.

Suchova corrió mejor suerte. Madre de dos niños pequeños y sin su marido en la ciudad en ese momento, afirma que los agentes quisieron evitar tener que encargarse de sus hijos. En su vivienda solo se encontraron ejemplares del periódico “Novorossiya”.

Timoeyev y Tkachenko fueron formalmente acusados de posesión de explosivos y también de separatismo. Una apelación consiguió que Timofeyev pudiera regresar a casa bajo arresto domiciliario. Dos meses después, el tribunal cambió de opinión y volvió a ingresar en prisión. “Creo que este caso fue fabricado por el Servicio de Seguridad de Ucrania, creo que se trata de una persecución política”, afirmó Tkachenko en la última sesión del juicio celebrada el 9 de julio y en la que se prorrogaron, una vez más, las medidas preventivas contra los acusados. Ante la inconsistencia del caso, la acusación logró alargar el proceso alegando la imposibilidad de interrogar a sus testigos debido a que se encuentran en la zona ATO, o en Crimea. Diez meses después de ser detenidos en extrañas circunstancias, los comunistas de Dneprodzerzhinsk continúan encarcelados.