El momento decisivo para el proceso de paz

Los recientes anuncios políticos y militares de los representantes de las Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk han conseguido reactivar un proceso político, el de Minsk, que parecía, otra vez condenado al fracaso. A mediados de mayo, los representantes de la RPD y la RPL presentaban una propuesta sorprendentemente moderada de reforma de la Constitución ucraniana que garantizaba una autonomía relativamente amplia, aunque siempre dentro de los parámetros del acuerdo firmado en febrero y que difícilmente iba a ser del agrado de la población, que durante un año ha apoyado la separación definitiva de Ucrania. La única exigencia añadida era la de mantener a los actuales primeros ministros, Zajarchenko y Plotnitsky, en sus puestos más allá de las elecciones locales.

El Gobierno ucraniano, que en esos días se había reafirmado en la idea de no negociar con las actuales autoridades de Donetsk y Lugansk, pese a que el acuerdo firmado así lo exige, ignoró completamente esta propuesta. Yatseniuk declaraba entonces que dialogarían con los actuales líderes de esas regiones “solo cuando estén entre rejas”. La propuesta caía en el olvido y volvían a intensificarse los ataques ucranianos, de la misma forma que lo hicieran a principios de enero. Los propagandistas de la agresión rusa veían ya miles de tropas preparadas para la “inevitable” invasión que predecían para este verano. En realidad, las fuerzas ucranianas continuaban con sus bombardeos diarios sin excesivos intentos por avanzar hacia Donetsk o Lugansk, posiblemente como método de constante presión a las repúblicas populares y en búsqueda de apoyo político y económico internacional. 

Durante meses, fuentes de ambos lados del frente de la guerra informativa han repetido la idea de que el apoyo ruso ha hecho imposible la victoria militar ucraniana. Rusia trataba de evitar una derrota militar de las Repúblicas Populares para garantizar así una posición más fuerte en la negociación política, aunque todo indica que la preferencia rusa siempre ha pasado por mantener a Donbass como parte de Ucrania. Así lo sugiere la presencia de un equipo militar ruso invitado por el presidente Poroshenko y encabezado por Alexander Lentsov, que trabaja desde noviembre junto a la OSCE y a un equipo militar ucraniano y cuya función es delimitar la línea de separación de las partes y hacer cumplir el acuerdo de alto el fuego.

Tras la derrota de Ilovaysk, Ucrania se había visto obligada a aceptar un acuerdo de paz en el que se comprometía a una serie de concesiones que se había negado a considerar en la primavera de 2014, cuando las protestas aún no habían dado lugar a la guerra. Kiev eligió entonces una solución militar para un problema político que escaló hasta convertirse en una guerra que ha costado la vida a más de 7000 personas y más de un millón se han convertido en refugiados.

En diciembre, en pleno proceso de reagrupación y rearme de sus tropas, Ucrania abría la vía económica para tratar de ahogar a Donbass a base de paralizar oficialmente los pagos sociales, que en la práctica ya había interrumpido en verano al perder el control sobre la zona, y bloquear el sistema bancario. El acuerdo firmado en Minsk el 12 de febrero exigía a Ucrania reiniciar los pagos y desbloquear el sistema bancario. Cinco meses después, el bloqueo bancario no ha sido levantado y las autoridades ucranianas han dado varias versiones sobre el pago de las pensiones.

El primer ministro Yatseniuk afirmó en una entrevista a un medio italiano que Ucrania sí paga las pensiones a los residentes en Donbass (solo es cierto en el caso de aquellos que logran cruzar la línea del frente), mientras que Poroshenko afirmó recientemente que esos pagos y la entrega de ayuda humanitaria son imposibles debido a los ataques de los terroristas a esos convoyes. Ucrania, que ha tratado de hacer un espectáculo mediático de todo lo relacionado con su operación antiterrorista, no tiene evidencia gráfica alguna que sustente esta afirmación. Mientras tanto, Ucrania continúa condenando la llegada de cada una de las misiones humanitarias rusas, más de 30 desde que comenzó la guerra.

El bloqueo económico, que ha tratado de interrumpir al máximo el suministro de productos, incluyendo los medicamentos, ha conseguido que se produzca una situación humanitaria que habría sido completamente desastrosa sin la ayuda humanitaria rusa, tanto pública como privada. Pero ese bloqueo ha conseguido también que se desarrolle en las repúblicas populares una estructura de Estado, no sin problemas y sin carencias, pero que ha conseguido sustituir a las estructuras ucranianas.

Frente a la esperanza ucraniana de que fueran los propios residentes los que acabaran por deslegitimar a los gobiernos de Donetsk y Lugansk, en estos meses tan solo se ha producido un acto de protesta contra estas autoridades: en junio, tras la batalla de Marynka, una parte de la población exigía que la RPD retirara su artillería mientras que la gran mayoría pedía a Alexander Zajarchenko, que atendió personalmente a los manifestantes, que atacara a las tropas ucranianas para alejarlas de la ciudad. Desde entonces, ciudadanos de diferentes zonas –Sakhanka, Gorlovka y hoy mismo Donetsk– se han encarado con observadores de la OSCE para exigir informes más objetivos que condenen los bombardeos ucranianos.

Un año después del inicio de la guerra y tras las derrotas de Ilovaysk y Debaltsevo, las concesiones básicas y perfectamente asumibles que exigían los manifestantes en marzo y abril de 2014 y que Ucrania se negó a conceder –cierta autonomía política y económica, posibilidad de mantener relaciones económicas con Rusia y derechos lingüísticos– son ahora una victoria para Ucrania. A pesar de que no serán del agrado de los nacionalistas radicales y de parte de la Rada Suprema, donde diputados de la extrema derecha exigen, en ocasiones buscando crear un auténtico espectáculo, que no haya concesión alguna a las regiones rebeldes, Ucrania ha sido capaz de imponer su visión de lo que era el acuerdo de Minsk, ambiguo en muchos de sus términos.

Las diferentes interpretaciones del acuerdo y la negativa de Ucrania a negociar directamente las cuestiones políticas parecían hacer imposible su desarrollo. Y la apuesta de las Repúblicas Populares por cumplir estrictamente el acuerdo de Minsk sigue causando escepticismo en el lado ucraniano, siempre dispuesto a temer caer en un plan secreto ruso que, en realidad, no existe. Todo indica que, pese a las numerosas teorías, el objetivo no es otro que forzar a Ucrania a cumplir con su parte del acuerdo.

De hecho, los constantes bombardeos, que por primera vez en meses han llegado hasta el centro de Donetsk y siguen golpeando a diario Gorlovka, no han hecho cambiar de estrategia a la RPD y la RPL. Sus autoridades han convocado elecciones que celebrarán según la ley ucraniana y únicamente en las zonas permitidas por el acuerdo de Minsk (se excluye ahí Debaltsevo, que la milicia recuperó tres días después del inicio del alto el fuego). A pesar de ello, Ucrania ha denunciado esas elecciones como una infracción grave a los acuerdos y ha convocado elecciones locales en su territorio al mismo tiempo que prohíbe el proceso en la zona fuera de su control.

Al igual que con el tema de las elecciones, también la reforma constitucional y el estatus especial para Donbass deberían haber sido sometidos a negociación con las Repúblicas Populares. Es ahí donde queda claro que Ucrania pretende evitar cualquier concesión política, incluso las pactadas en Minsk. Poroshenko, que sí está dispuesto a crear una autonomía tártara en Crimea, perfectamente consciente de que no tiene capacidad para hacerlo, ve en la autonomía para Donbass una amenaza a la integridad territorial del Estado. Es más, la autonomía local que debe recibir Donbass no permite siquiera que la población elija mantener su nombre si este contiene referencias a la Unión Soviética o la ideología comunista.

Victoria Nuland y el embajador de Estados Unidos en Ucrania en la sesión parlamentaria que aprobaba la reforma constitucional

El presidente ucraniano, que sigue negándose a especificar el significado del autogobierno local para las zonas de Donbass controladas por las milicias, ha afirmado que la población de Donbass podrá utilizar tanto el ruso como el ucraniano, algo evidente salvo que el presidente estuviera dispuesto a utilizar medidas de corte franquista para reprimir el uso de la lengua materna, pero que no necesariamente supone que ambas lenguas vayan a disfrutar de estatus oficial.

Los últimos días han revelado que la intención ucraniana era no incorporar el estatus especial de Donbass al proyecto de reforma constitucional. Tras ese anuncio, Poroshenko rectificaba al día siguiente para incluir un “procedimiento especial de autogobierno local” para esas zonas, según varias fuentes a petición expresa de Victoria Nuland, presente en la sesión de la Rada que debía aprobar la propuesta. Pese a las quejas de Moscú, Donetsk y Lugansk, que consideran los términos insuficientes en el fondo y contrarios al acuerdo en las formas, Poroshenko considera cumplidos los compromisos ucranianos. “Ahora, Rusia tiene que comenzar a cumplir sus obligaciones antes del final de año. Rusia tiene que retirar sus formaciones ilegales armadas, cerrar la frontera y devolver el control a Ucrania”, afirmó el presidente, que parece haber olvidado que Ucrania solo recuperará el control de la frontera tras las elecciones locales que ha prohibido celebrar en Donbass.

En el terreno militar, tras la desmilitarización unilateral de Shirokino, las milicias han comenzado una retirada de armamento pesado más allá de la exigida por el acuerdo de Minsk. El anuncio no evitó, el pasado sábado, uno de los bombardeos más fuertes de los últimos meses en Donetsk. Al contrario que en Shirokino, donde el lado ucraniano se ha negado a retirar sus tropas, tras la reunión del 21 de julio del Grupo de Contacto Trilateral Ucrania ha aceptado realizar un movimiento similar. Eso sí, en su intento de hacer ver que el Gobierno no negocia con los terroristas, Petro Poroshenko ha anunciado la medida adjudicándose el mérito.

“He ordenado a nuestros representantes en el grupo de contacto trilateral firmar inmediatamente con la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la parte rusa, que también es parte del grupo tripartito, que aseguren la creación de una zona de seguridad de 30km a lo largo de la línea de demarcación…para retirar el armamento que quede, para retirar tanques, para retirar morteros y prevenir los constantes bombardeos”, decía el presidente evitando mencionar que la propuesta de retirada de armamento había llegado del lado de las Repúblicas Populares. La creación de una zona desmilitarizada ya era parte del acuerdo de Minsk que Ucrania firmó en febrero.

En una visita a la zona de Lugansk controlada por el ejército ucraniano, el presidente Poroshenko ha confirmado que la retirada del armamento ucraniano de la línea de separación debería comenzar en unos días, siempre que el lado rebelde respete el alto el fuego. Nada hace indicar que los bombardeos de las fuerzas ucranianas vayan a cesar hasta el mismo momento de la retirada. Los bombardeos de barrios residenciales de Donetsk y Gorlovka continúan.

En esta situación, las alternativas de las Repúblicas Populares siguen pasando por tratar de alargar al máximo el periodo de control del territorio una vez que se produzca la retirada de armamento ucraniano, si es que Ucrania cumple esta vez su palabra y esta retirada finalmente se produce, para poder así consolidar su poder local y aumentar su margen de maniobra en una posible negociación política.