¿Se cierran las puertas a terroristas anticubanos en EEUU?

Hay quienes piensan que el anuncio de la recientes desclasificación de documentos puede significar el cambio tan esperado por Cuba en las posiciones de EEUU con respecto al terrorismo contra nuestra Patria. De ser así, cabe la posibilidad de que se reabra el Gran Jurado de Nueva Jersey y se puedan interponer querellas contra los terroristas y prófugos de la justicia cubana que aún caminan impunes por Miami y otras ciudades.

Por lo menos, ayer supe de primera mano que existe una clara intranquilidad entre los terroristas y que ya han reclamado a sus socios mafiosos en el Congreso oponerse a cualquier medida que apunte a esa dirección.

Poco, o casi nada, reveló el reciente informe desclasificado hace unos días por el

Departamento de Estado, a no ser la “conjetura” de la CIA en que se estima que Luis Posada Carrilles pudo haber estado vinculado a la explosión en pleno vuelo de un avión de Cubana de aviación en Barbados el 6 de octubre de 1976.

A pesar de desnudar algunas partes de un viejo informe ya desclasificado, todavía se mantienen ocultos en los archivos de la CIA los vínculos de esta agencia con grupos terroristas asentados en EEUU. También se trata de impostar la idea de que la CIA no supo anticipadamente la realización de este macabro plan que costó la vida a 73 personas.

Fidel nunca se equivocó. Aunque se niegue, y haya que esperar muchos años más, la mano de la CIA estuvo implicada en este hecho.

En resumen, el memorando enviado a quien entonces fungía como secretario de estado, Henry Kissinger, por un dueto de altos jerarcas del Departamento de Estado en aquellos tiempos, Harold H. Saunders, director del Buró de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado y el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Harry W. Shlaudeman, parte de las acusaciones hechas por Fidel contra la Agencia. Empero, sí se toma en cuenta que realmente existieron vínculos entre la CIA y tres de los implicados en la voladura del avión cubano en Barbados, aunque se desmarca a la misma –en una absurda y nada creíble cortina de humo-, por no tener conocimiento de las maquinaciones criminales de sus pupilos como Hernán Ricardo Lozano, Freddy Lugo, Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, Frank Castro, Orlando García, Ricardo Morales Navarrete y Félix Martínez Suárez.

Como la fuerza de la verdad no se puede manipular por mucho tiempo, la CIA reconoció haber tenido vínculos con Posada, Bosch y Martínez Suárez, exonerando a éste último de cualquier implicación. A la par, Posada y Bosch han sido implicados confesos de su implicación en este crimen. El primero aún vive impunemente en EEUU, mientras el otro falleció con un halo de impunidad.

¿Supieron realmente las autoridades norteamericanas sobre la implicación de la CIA en hechos terroristas contra Cuba, tal como ocurrió con el derribo del avión de Cubana de Aviación en Barbados? Claro que sí.

Soy testigo de que cuando se conformó el Gran Jurado en Newark, en Nueva Jersey, en agosto del 2006, para juzgar los crímenes del terrorista Luis Posada Carriles, existió en las autoridades norteamericanas la postura de SOLAMENTE juzgar aquellos delitos posteriores al año 1995, dando los otros como aparentemente prescritos por la legislación de ese país.

De hecho, tanto el FBI como la Sección Antiterrorista del Departamento de Estado, solo centraron su atención en la oleada terrorista contra centros turísticos habaneros en 1997, que costaron la vida a un joven turista italiano, heridas a otras 11 personas y cuantiosos daños materiales. Lo demás fue ignorado.

La causa principal por la que las actividades del Gran Jurado contra Luis Posada Carriles se haya estancado –a pesar de los elevados gastos millonarios desembolsados-, fueron las fuertes presiones ejercidas por el grupo mafioso anticubano en el Congreso y por el temor de EEUU que su implicación en el terrorismo contra Cuba fuera puesto al descubierto.

Aunque se llegó a escarbar las paredes externas de la permanente conspiración terrorista contra Cuba por parte del Gran Jurado en sus investigaciones sobre los atentados con bombas de 1997, se pudo identificar la implicación de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) en los mismos, en las personas de dos ex directores de la misma -Abel Hernández, residente de Cliffside Park, y Oscar Rojas, quien fue contador del fallecido millonario de Fort Lee, Arnaldo Monzón-, así como de otro tres sospechosos vinculados a esta misma organización. Los capos superiores de la FNCA en esos momentos como Jorge Mas Canosa, Francisco José Hernández Calvo, Luis Zúñiga Rey, Horacio Salvador García Cordero, entre otros, apenas fueron interrogados o investigados.

Tal como señalo en un viejo artículo publicado en CubaDebate el 4 de octubre del 2007, titulado “¿Querrá Estados Unidos realmente encausar a Posada Carriles en New Jersey?”, tratando de conminar a las autoridades de ese país, destaqué: “Cuando un Gran Jurado de New Jersey inició una investigación en agosto del 2006, sobre la participación de Luis Posada Carriles en los atentados con bombas contra hoteles cubanos en 1997, mucha gente pensó que al fin este criminal sería encausado por las autoridades norteamericanas, luego del bochornoso papel representado por las mismas durante el juicio que se le siguió a este connotado criminal en El Paso, Texas. Sería, sin lugar a dudas, la oportunidad que tendría la justicia norteamericana para limpiar la deteriorada imagen que presentó ante el mundo en ese proceso legal y, desde luego, una manera tardía de “hacer justicia” al cacareado antiterrorismo preconizado por Bush.”

“Mal parados quedaron el Departamento de Justicia el Departamento de Seguridad Interna y otras agencias federales, por el papel asumido durante la querella legal contra Posada Carriles, por violar las leyes migratorias de Estados Unidos al ingresar ilegalmente a este país.”

Retomo otras partes del citado artículo:

“Estaba claro, que el Procurador General y su Sección Antiterrorista se negaron a reconocer que Posada Carriles es un connotado criminal, indudablemente presionados por la propia administración y el miedo de la misma de ser chantajeados por la mafia cubana de Miami y el propio terrorista. Si se hubiera entregado a la corte esta certificación, se hubieran creado las condiciones legales para proceder a la detención permanente de Posada Carriles, garantizando que cada seis meses se revisara su condición como terrorista.

A pesar de que la Sección Antiterrorista contaba en esos momentos con abundante información incriminatoria contra Posada, ofrecida por Cuba y aportada por infinidad de fuentes públicas y las propias declaraciones del criminal, la fiscalía no aportó una sola prueba sobre el prontuario terrorista del asesino.

Estos dos hechos, la falta de pruebas aportadas por el gobierno y la ausencia de tal certificación, abrieron las puertas a la impunidad y posibilitaron que los abogados de la defensa presionaran a la corte para obtener la liberación bajo fianza del terrorista.

Varios acontecimientos sucedidos en Estados Unidos y relacionados con Posada Carriles y varios de sus cómplices, demuestran que existen intenciones de evitar cualquier enjuiciamiento al terrorista por sus actividades criminales contra Cuba. Tenerlos en cuenta de conjunto, nos permiten comprobar que las autoridades norteamericanas y sus cómplices de la mafia terrorista de Miami manejan diversos y ocultos hilos entre telones, para garantizar nuevamente la impunidad:

● El presidente de Estados Unidos George W. Bush se reunió con el antiguo directivo de la FNCA y financista directo de actividades terroristas contra Cuba, Alberto Hernández, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en ocasión de la visita del mandatario para participar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 10 de junio de 2005. Fue, de hecho, un espaldarazo a la mafia y a Posada Carriles.

● Varios congresistas del sur de la Florida, involucrados hasta el tuétano en los ataques contra Cuba, Lincoln Díaz-Balart, Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen, no solo solicitaron en mayo y noviembre de 2003 a la ex presidenta panameña, Mireya Moscoso, el perdón para Posada Carriles y sus tres cómplices en el intento de magnicidio contra el Comandante en Jefe, en Panamá, sino que realizaron gestiones secretas septiembre de 2006, ante el gobierno de Bush, para liberar al terrorista, de quien dijeron sentir una profunda admiración.

● Varios cómplices de Posada Carriles fueron exonerados de las acusaciones que pesaban contra ellos por varios delitos:

a) Un juez federal, Juan Montalvo, dejó en libertad el 17 de agosto de 2006 a José Hilario “Pepín" Pujol y Rubén López Castro, por su complicidad en la entrada ilegal de Posada Carriles a Estados Unidos, a pesar de que los mismos violaron varias leyes migratorias norteamericanas.

b) Otro connotado terrorista, Ernesto Abreu, fue dejado en libertad por el juez federal David Briones, en octubre del 2006, a pesar de que se negó a declarar ante la corte durante el proceso de El Paso, Texas.

c) En enero de 2007, el terrorista Santiago Álvarez, condenado a cuatro años de privación de libertad por el delito de conspiración para poseer un arsenal de armas de guerra, junto a Osvaldo Mitat, logró un arreglo con la fiscalía luego de entregar a las autoridades un cuantioso arsenal de armas de guerra entre los que se incluían, rifles, detonadores, explosivos C-4, un lanzagranadas y municiones. Ni sus declaraciones sobre el hecho de que estas armas serían empleadas para atacar a un gobierno extranjero, el cubano, en franca violación de la Ley de Neutralidad, sonrojaron a la fiscalía ni al juez que redujo las condenas.

d) La misma farsa que se urdió con Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat, se repitió descaradamente en junio de 2007, cuando el abogado de otro terrorista, Robert Ferro, quien fuera detenido con un importante alijo de armas, logró que la fiscalía impusiera una sentencia irrisoria para su defendido.

● Eufórico y en espera de la más descarada impunidad, como solo sabe hacerlo quien nada teme, Posada Carriles realizó unas cínicas declaraciones desde El Paso, Texas, a la emisora miamense WQBA, en agosto de 2006: “Mis planes futuros es Cuba, mi objetivo es Cuba, y seguirá siendo Cuba, regresar a la isla, a mi patria”.

Dos meses, en octubre de ese mismo año, el terrorista ávido de protagonismo declaró a la emisora La Poderosa: "Esta semana el juez federal decide y según la ley, corresponde que me suelten. …No estoy nervioso y sí muy optimista de ser liberado. Si vuelvo a nacer, hago lo mismo, no me arrepiento de nada”. ¿Qué hizo a Posada expresarse de manera tan confiada en esos momentos? No cabe duda que él ya tenía total certeza de la maniobra urdida por el gobierno norteamericano para lograr su excarcelación.

● Uno de los hechos que prueban la confabulación descarada de las autoridades norteamericanas para exculpar a Posada y evitar algún juicio posterior al mismo, lo fue la destrucción de su expediente criminal por orden del agente especial Ed Pesquera, nada más y nada menos que hijo de otro acérrimo enemigo de Cuba, Héctor Pesquera, ex jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) del Sur de la Florida. Tal hecho fue denunciado por la periodista Ann Louise Bardach. Llama poderosamente la atención que en este expediente destruido en 1998, estaban varios documentos que implican directamente a este terrorista con los atentados con bombas contra instalaciones turísticas cubanas en 1997. Asimismo, llama también la atención que Ed Pesquera no haya recibido la más mínima amonestación de sus jefes por tal proceder.

● El 17 de abril de 2007, fue rechazada inexplicablemente por la Corte de Apelaciones de Nueva Orleáns, una moción presentada por los fiscales Paul Ahern y John W. Van Lonkhuyzen con el pedido del gobierno de Estados Unidos de mantener detenido a Luis Posada Carriles. La justicia corrupta, la ineficacia de la fiscalía y la complacencia de unos jueces, daba el espaldarazo final a la impunidad.

A partir de ese momento, Posada Carriles salió en libertad y se trasladó a Miami, donde goza actualmente de la protección de las autoridades y de sus compinches. Sus abogados y cómplices le han aconsejado permanecer en silencio y no hacer declaración alguna -cosa que ha de afectar su cínico protagonismo-, en espera de los resultados de la investigación de New Jersey.”

Vuelvo a retomar el tema del Gran Jurado de Nueva Jersey:

Según varios medios, principalmente no norteamericanos, la investigación aborda la forma en que Posada Carriles recibió grandes sumas de dinero desde New Jersey, enviados por varios cubanos residentes en esa ciudad, entre los que se encontraban Arnaldo Monzón Plasencia y Abel Hernández. El primero de ellos, ya fallecido, era el dueño de la cadena de tiendas Arnold Stores y se vio involucrado de manera directa como alto directivo de la FNCA en varios hechos terroristas contra Cuba. Por su parte, Hernández, residente en Cliffside Park y propietario del supermercado Mi bandera, de Union City, desembolsó también fuertes sumas de dinero para sufragar las acciones terroristas de 1997. Las “donaciones” ascendieron a cerca de 30 000 USD.

Según diversas fuentes, el Gran Jurado ha interrogado a varias personas para esclarecer el envío de dinero a Posada desde New Jersey. Entre ellos se encuentran Oscar Rojas, y su hijo, José Alemán. Uno de los sospechosos entrevistas, Ángel Alfonso Alemán, integrante de la Comisión Militar de la FNCA y directivo de la Coordinadora de Ex Presos Políticos Cubanos, participó en el frustrado atentado contra Fidel en Isla Margarita, Venezuela, durante la celebración de la VII Cumbre Iberoamericana. Se recuerda también como uno de los testigos hostiles en el amañado juicio contra los Cinco Héroes, Como Basulto y otros, se negó a declarar amparándose en la Quinta Enmienda.

Sin lugar a dudas, si el FBI estuviera dispuesto a llevar la investigación hasta las últimas consecuencias, dispone no solo de la evidencia aportada por Cuba sino, incluso, las propias declaraciones de Posada Carriles a varios periodistas, entre ellos a los del New York Times, en julio de 1998.

Por otra parte, los federales cuentan con un amplio dossier iniciado en 1997, cuando el ingeniero guatemalteco Antonio Jorge Álvarez, quien dirigía las actividades de la firma WRB Enterprises en Guatemala, informó a dicha agencia sobre los planes de Posada para perpetrar atentados terroristas en Cuba. ¿Por qué, me pregunto, los investigadores no han contactado a Álvarez para ampliar su indagación, si todo parece indicar que trabajó por indicaciones del FBI para espiar las actividades de Posada junto a dos de sus empleados de WRB Enterprises, nombrados José Francisco “Pepe” Alvarez y José Burgos?

Con la anuencia de Álvarez, el FBI pudo conocer, mediante la colocación de dispositivos de escucha, que los tres implicados:

● Conspiraron reiteradamente para enviar a ciudadanos bajo la fachada de turistas, para introducir explosivos en Cuba y hacerlos explotar en hoteles.

● La posesión por parte de los implicados, en diferentes momentos de la investigación, de diversas cantidades de explosivos, rotulados como potencialmente peligrosos. 

● Una fuente confidencial dio a conocer a los federales la copia de un fax que demostraba las transferencias electrónicas de dinero desde New Jersey, y dirigidas a Posada Carriles.

● Durante la pesquisa, el FBI pudo recopilar diversos documentos que evidenciaron las distintas transferencias a través de Western Union desde los Estados Unidos hacia Guatemala y El Salvador, en el período entre octubre de 1996 y enero de 1998 y que ascendieron a cerca de 19 000 USD.

Hoy está claro que si el FBI monitoreó las actividades de la célula terrorista centroamericana, integrada por Posada Carriles, José Francisco “Pepe” Alvarez, José Burgos, Francisco Chávez Abarca y otros, pudo haber evitado la oleada de bombas que se colocó en hoteles cubanos en 1997. Pudo haber evitado, de igual forma, que Raúl Ernesto Cruz León hiriera a cuatro personas en los hoteles Capri y Nacional, el 12 de julio de 1997. Pudo también el FBI haber evitado, de haber actuado como el caso lo ameritaba, la muerte del turista italiano Fabio Di Celmo, el 4 de septiembre de 1997.

Meses han pasado desde que se inició la pesquisa federal de del Gran Jurado de New Jersey y no parece aparecer algún resultado significativo. Lo raro de todo es que el FBI cuenta con abundantes pruebas. Ante esto solo cabe preguntarse: ¿Querrá realmente Estados Unidos, de una vez y por todas, juzgar a Luis Posada Carriles?

Mientras tanto, un padre italiano reclama justicia por su hijo vilmente asesinado, mientras Cuba espera, con dignidad y rabia, que la justicia tenga derecho a ser tenida en cuenta. percy@cubadebate.cu

El descaro y la impunidad de estos criminales quedaron demostrados en un artículo de mi amigo Jean Guy Allard, fechado el 18 de mayo de 2011, en el cual se destaca:

“El Senador norteamericano Robert “Bob” Menéndez y el Representante Albio Sires, ambos de origen cubano, se reunieron el último 17 de mayo con Luis Posada Carriles, en un restaurante de West New York, en el curso de una asamblea de connotados terroristas de la “región Norte” y de cabecillas de la mafia cubanoamericana de Miami, convocada para celebrar el indulto del terrorista internacional por un tribunal tejano.”

“La reunión con carácter claramente conspirativo tuvo lugar en el restaurante “El Faro” ubicado en margen del rio Hudson, River Drive y Calle 60, en West New York. El representante Albio Sires fue alcalde de la ciudad de West New York, vecina de Union City, antes de emprender su carrera de político federal. Era entonces conocido por sus relaciones con el hampa cubanoamericano que desarrolló ahí una extensa red de juego ilegal y de prostitución.”

“La referencia a las “gestiones” evidentemente ocultas de Menéndez a su favor, incluya por cierto a la investigación de Gran Jurado de New Jersey, en relación con los atentados de La Habana, que “misteriosamente” se dilató para luego quedar interrumpida, sin más explicaciones de las autoridades judiciales.”

En “La historia no contada de los Cinco (Parte XIII), La Historia se repite”, con autoría del compañero Ricardo Alarcón de Quesada y publicado el 21 de octubre de 2009, se destaca cómo Cuba informó al gobierno norteamericano sobre las actividades terroristas contra Cuba y, particularmente, las que incriminaban a Posada Carriles.

En partes de este trabajo, Alarcón destaca: 

“Solo un par de días después del encuentro de García Márquez en la Casa Blanca, diplomáticos estadounidenses en La Habana se acercaron a las autoridades cubanas. Tuvimos una serie de discusiones centradas principalmente en lo que Estados Unidos había descubierto acerca de planes terroristas contra aeronaves civiles y en la advertencia que la Administración Federal de Aviación (FAA) se había sentido obligada a emitir. Durante esos intercambios Estados Unidos solicitó formalmente que una delegación de alto nivel del FBI viniera a La Habana con vistas a recibir de su contraparte información sobre la campaña terrorista que tenía lugar en esos momentos. Durante la preparación de esa visita el secretario de Estado asistente, John Hamilton, comunicó que "esta vez ellos querían enfatizar la seriedad de la oferta de Estados Unidos de investigar cualquier evidencia que [Cuba] pudiera tener".

Las reuniones tuvieron lugar en La Habana los días 16 y 17 de junio de 1998. A la delegación norteamericana se le entregó abundante información, tanto documental como testimonial. El material entregado incluía las investigaciones relacionadas con 31 actos terroristas, que habían tenido lugar entre 1990 y 1998, muchos promovidos por la Fundación Nacional Cubano-Americana, que también organizó y financió las acciones más peligrosas llevadas a cabo por la red de Luis Posada Carriles. La información incluía listas detalladas y fotografías de armamentos, explosivos y otros materiales confiscados en cada caso. Adicionalmente, 51 páginas con evidencias relacionadas con el dinero aportado por la FNCA a varios grupos para realizar actividades terroristas en la Isla. El FBI recibió también grabaciones de 14 conversaciones telefónicas en las cuales Luis Posada Carriles se refería a ataques violentos contra Cuba. Se entregó una detallada información de cómo localizar al notorio asesino, tales como direcciones de sus casas, lugares que frecuentaba, y los números de placa de sus autos en El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Panamá. 

El FBI se llevó los expedientes de 40 terroristas de origen cubano, la mayoría de los cuales vivía en Miami y los datos para encontrar a cada uno de ellos. La delegación norteamericana se llevó también tres muestras de dos gramos cada una de sustancias explosivas de bombas desactivadas antes de que pudieran explotar en el Hotel Meliá Cohiba el 30 de abril de 1997 y en un ómnibus de turistas el 19 de octubre de 1997, así como el artefacto explosivo confiscado a dos guatemaltecos el 4 de marzo de 1998. 

Al FBI también se le entregaron cinco cassettes de video y ocho de audio y sus transcripciones con las declaraciones de los centroamericanos que habían sido arrestados por colocar las bombas en los hoteles. Ahí ellos hablaban de sus vínculos con bandas cubanas y en particular con Luis Posada Carriles.

La parte norteamericana reconoció el valor de la información y se comprometió a dar una respuesta lo más pronto posible.

Nunca tuvimos una respuesta. Nadie sabe con certeza lo que el FBI hizo con las evidencias y con la pormenorizada información que recibió en La Habana. Definitivamente no la utilizaron para arrestar a ninguno de los criminales ni para abrir ninguna investigación.” 

Posteriormente hubo varios encuentros con representantes del FBI en la Habana, de los cuales, al menos uno, fueron filtrados por la parte norteamericana a la prensa de Miami. Al respecto se destacó:

“El Gobierno cubano ha permitido que agentes del FBI investiguen y recaben pruebas en Cuba sobre la supuesta participación del anticastrista Luis Posada Carriles en un atentado terrorista en 1997, informó hoy el diario The Miami Herald. 

En un hecho sin precedentes, tres agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) viajaron recientemente a La Habana con el propósito de "recopilar" pruebas que impliquen a Posada Carriles en el atentado perpetrado en 1997 en el hotel Copacabana de La Habana, en el que murió el turista italiano Fabio DiCelmo.”

Yo fui uno de los entrevistados en esta oportunidad.

Hay quienes piensan que el anuncio de la recientes desclasificación de documentos puede significar el cambio tan esperado por Cuba en las posiciones de EEUU con respecto al terrorismo contra nuestra Patria. De ser así, cabe la posibilidad de que se reabra el Gran Jurado de Nueva Jersey y se puedan interponer querellas contra los terroristas y prófugos de la justicia cubana que aún caminan impunes por Miami y otras ciudades.

Por lo menos, ayer supe de primera mano que existe una clara intranquilidad entre los terroristas y que ya han reclamado a sus socios mafiosos en el Congreso oponerse a cualquier medida que apunte a esa dirección.

Percy Francisco Alvarado Godoy.