Genocidio por impago de las pensiones

Por qué Ucrania debe pagar las pensiones a los pensionistas de las Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una serie de derechos que todo ser humano debe poseer. El régimen establecido en Kiev tras el golpe de Estado de 2014 ha abolido de facto la implementación de este documento en lo que respecta a un grupo de ciudadanos de Ucrania.

Como ya sabemos, Kiev sigue considerando los territorios de las Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk como parte de Ucrania. De forma hipócrita declara “la unidad del país” y una “operación antiterrorista” para así complacer a Occidente, cuando en realidad las autoridades de Kiev llevan a cabo un genocidio de la población de la región con el objetivo de mejorar la economía de Ucrania a costa de vidas humanas.

De acuerdo con los datos oficiales, residen en zonas de Donbass no controladas por el Gobierno de Kiev más de un millón de ciudadanos ucranianos que dependen exclusivamente de pensiones u otras prestaciones sociales. Son los mayores, veteranos de la Segunda Guerra Mundial que derrotaron a Hitler o que pasaron por Buchenwald o Auschwitz. Son personas discapacitadas. Son personas que con méritos especiales hacia Ucrania. Son personas que habían trabajado toda su vida para el Estado ucraniano y que han pagado sus impuestos en Ucrania.

Los pagos sociales son una obligación natural del Estado hacia esta gente: son el único medio de vida para muchos de ellos. Pero desde el verano de 2014, Ucrania interrumpió todos los pagos sociales de los ciudadanos residentes en estos territorios.

El verdadero problema llegó en otoño. Un millón de personas mayores y discapacitados se vieron obligados a viajar a una distancia de cientos de kilómetros desde sus casas a territorios controlados por Ucrania para poder recibir los pagos que se han ganado. Pero el Gobierno ucraniano quiso ir un paso más allá. Desde el 1 de enero de 2015, el Gobierno de Yatseniuk canceló todos los pagos sociales a los ciudadanos residentes en esos territorios. Millones de personas se vieron obligadas a tomar una decisión: abandonar sus hogares y mudarse de forma definitiva a territorios controlados por Ucrania (en ese caso se reanudarían esos pagos ya de por sí tan bajos) o perder su única fuente de ingresos y condenarse al hambre.

El Artículo 13 de la mencionada declaración establece que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. Sin embargo, el “democrático” Gobierno de Kiev no va a prestar atención a una trivialidad como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su lucha por conseguir sus objetivos.

En realidad, la primera opción mencionada carece, por principio, de realismo. La pensión de jubilación media en Ucrania asciende en estos momentos a 1600 Hryvnyas al mes (alrededor de 65€). El coste medio del alquiler de un estudio de un solo dormitorio en Ucrania asciende a 2500 Hryvnyas al mes (algo menos que 100€). Un pensionista no puede permitirse abandonar su apartamento en Donetsk, Lugansk, Snezhnoye o Ilovaysk y alquilar un piso en una ciudad bajo control ucraniano. El régimen de Kiev ha tomado deliberadamente esa decisión para liberarse de sus obligaciones de pagos sociales a costa de las vidas de miles de pensionistas de Donbass.

El 12 de marzo, el Fondo Monetario Internacional exigió a Ucrania que reanudara los pagos, pero el memorándum adoptado sugiere finales de 2015 como fecha límite para solucionar este asunto y un millón de personas ahora mismo llevan ya seis meses sin recibir sus pagos.

Curiosamente, esta actuación del Gobierno de Kiev contradice también las leyes ucranianas. El Artículo 175 del Código Penal de Ucrania prevé la responsabilidad por el impago de pensiones y otros pagos legalmente reafirmados. Como era de esperar, pensionistas residentes en Donbass comenzaron a demandar a las autoridades ucranianas. Pero las querellas procedieron según el escenario más previsible.

Los precedentes más conocidos son los de los casos que llevan los activistas Kirill Beloshytskiy, Tatyana Volkova e Irina Khyzhnyak. Con el apoyo de estos abogados, 15 residentes de Donbass denunciaron al Gobierno ucraniano por su negativa a pagar pensiones previstas según la ley.

Sorprendentemente, el veredicto del tribunal fue justo y los demandantes ganaron esa primera demanda. El 11 de febrero de 2015, la Corte Administrativa del Distrito de Kiev dictaminó que la decisión del Gobierno era ilegal y ordenó que se reanudaran los pagos sociales a los pensionistas residentes en Donbass. Pero este solo era el principio del proceso.

El Gobierno ucraniano apeló la decisión del tribunal, apelación que está siendo deliberadamente retrasada. Pero Kiev no se quedó ahí y decidió reprimir a los jueces que se habían atrevido a defender los derechos constitucionales de los ciudadanos de Ucrania que residen en Donbass.

El 16 de febrero se llevó a cabo un registro en el edificio de la Corte Adminitrativa del Distrito de Kiev. Inevitablemente, el registro se produjo con la presencia de personas armadas y con la cara cubierta y el fiscal de Kiev, Yuldashev, solo informó de que había autorizado dicha operación una vez acabada. Posteriormente, Valeriy Kuzmenko, uno de los jueces interesados, recibió una notificación de reclutamiento poco después. Hace tiempo que enviar a personas incómodas a la guerra se ha convertido ya en uno de los métodos de represión favoritos de Kiev, pero esta es la primera vez que se utiliza para presionar a un tribunal.

La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, reconocida por todo el mundo civilizado, define el genocidio como “todo acto cometido con la intención de destruir, totalmente o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, incluido el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial”.

Si privar a un millón de residentes de Donbass de su único medio de vida no entra en esa definición, en la práctica, la Convención no es más que papel mojado.