Ucrania reescribe el acuerdo de Minsk

Tras una maratoniana noche de negociaciones entre los jefes de Estado o de Gobierno de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, el acuerdo firmado el 12 de febrero en Minsk debía suponer una vía para implementar las medidas ya previstas en el primer acuerdo de Minsk, cuyo fracaso dio lugar a un alto el fuego en el que no cesaron los bombardeos y que finalmente desencadenaron la campaña de invierno, que ha culminado con la toma de Debaltsevo por parte de las milicias.

Además del aumento del número de bajas, tanto civiles como militares, y la continuación de la destrucción de la infraestructura de la zona, el fracaso del alto el fuego supuso también que el proceso político que debía comenzar tras la firma del acuerdo nunca lo hiciera. Tratando de evitar la repetición de este escenario, el documento firmado en febrero especifica más claramente los puntos del proceso político que debía comenzar a medida que se consolida el alto el fuego.

El acuerdo de Minsk exige, en primer lugar, un completo alto el fuego que, por el momento, aún no se ha producido. Todas las partes admiten que el nivel de violencia ha disminuido aunque siguen produciéndose combates o escarceos en tres zonas principales: Shirokino y los alrededores de Stanitsa Luganskaya y el aeropuerto de Donetsk. Pese a que el alto el fuego no es total (está muy lejos de serlo en la zona de Shirokino, donde la OSCE confirmaba el pasado viernes un fuerte ataque ucraniano con mortero y el sábado informaba de que un vehículo civil había sido alcanzado), las partes sí dicen haber retirado su armamento pesado de la línea de demarcación.

En un proceso que sigue siendo problemático, la OSCE trata de verificar que esta retirada no es tan solo un traslado de ese armamento. El lunes, los observadores de la organización informaban de la presencia de artillería autopropulsada ucraniana en Volnovakha, de donde debió haber sido retirada semanas atrás. Pese a las dudas sobre si este proceso de movimiento de equipamiento pesado está siendo realmente retirado, se trata de un paso adelante en comparación con el primer alto el fuego, cuando no se produjo siquiera un proceso similar al actual.

A pesar de las dificultades, el aspecto militar del acuerdo de Minsk es el único en el que hay algún progreso. Es el proceso político que debía acompañar a la desmilitarización de la zona el que, como era previsible, no consigue arrancar. El acuerdo de Minsk preveía el inicio de un diálogo inclusivo y directo con las zonas rebeldes que debería dar lugar a varios procesos. Por una parte, las autoridades de las Repúblicas Populares se comprometían a celebrar unas elecciones locales según la legislación ucraniana, mientras que las autoridades ucranianas se comprometían a reformar la constitución del país teniendo en cuenta los intereses de las zonas de Donetsk y Lugansk fuera de su control, a las que debe garantizar, de forma inmediata, un estatus especial.

Embajador de Estados Unidos en Ucrania recibe una nueva entrga de Humvees de Estados Unidos para el Ejército Ucraniano

Sin dejar de exigir ayuda militar letal de Estados Unidos ni moderar su retórica belicista y beligerante contra los líderes de las Repúblicas Populares, Ucrania trata ahora de modificar los términos del acuerdo, intentando no cumplir con las obligaciones políticas que había adquirido con su firma en Minsk. Ucrania trata ahora de centrar el proceso en el llamado formato de Normandía, en el que sabe tener de su parte a Alemania y Francia y que no implica contacto con los representantes de las Repúblicas Populares, que sí forman parte del Grupo de Contacto Trilateral que firmó el acuerdo de Minsk.

Pese a lo claro de los términos del acuerdo, que obligan al comienzo del diálogo entre las partes el primer día de la retirada de armamento pesado, Ucrania ha admitido abiertamente su negativa a dicho diálogo, alegando la falta de legitimidad de las actuales autoridades, a las que también ha negado una amnistía que debía ser general. Ucrania se muestra ahora dispuesta a una descentralización del poder estatal y a conceder a las zonas de Donetsk y Lugansk controladas por las milicias (no en su situación real, sino con las fronteras del 19 de septiembre de 2014) un estatus especial que no está dispuesta a negociar con las regiones y que entrará en vigor únicamente tras unas elecciones locales para las que exige nuevas condiciones.

Contra las exigencias de Minsk, Ucrania se niega a negociar con Zakharchenko o Plotnitsky. Es previsible que se niegue también a considerar las recomendaciones que la comisión conjunta que las Repúblicas Populares pretenden crear para aportar ideas para la reforma constitucional ucraniana. Mientras los representantes de las Repúblicas Populares tratan de acercarse a Ucrania, es el Gobierno central el que continúa poniendo trabas para el diálogo. Tras la más reciente reunión en formato Normandía, Vadym Prystaiko, viceministro de exteriores ucraniano declaraba que “mantener un diálogo con persona que son de facto comandos militares y ni siquiera son 100% ucranianos carece de sentido político”.

Tenga sentido o no, se trata del compromiso que Ucrania adquirió el 12 de febrero en Minsk. Ucrania niega reconocimiento alguno a las autoridades de las Repúblicas Populares, alegando que no representan a la población de la zona, y repite que únicamente negociará con las autoridades locales elegidas tras esas elecciones locales celebradas con la participación de los partidos ucranianos y bajo las normas, el control y la bandera ucraniana. Algunas declaraciones sugieren incluso que Ucrania no aceptará celebrar esas elecciones hasta haber recuperado el control de la frontera, algo que según el acuerdo, no debe suceder hasta después de celebradas las elecciones. El presidente Poroshenko afirmó en una reciente entrevista que no descartaba la posibilidad de que dichas elecciones se celebren antes del final de 2015.

Ucrania pretende así dictar de forma unilateral unos términos que según los acuerdos firmados debían ser consensuados con las autoridades de las Repúblicas Populares, que frente a la opinión ucraniana, sí legitimaron su poder con las elecciones del 2 de noviembre. “Esperamos encontrar una fórmula para que se celebren las elecciones”, afirmaba Prystaiko, sin especificar cómo va a encontrarse una vía de celebrar unas elecciones sin negociar el proceso con las actuales autoridades. Todo parece indicar que Ucrania sigue aspirando a recuperar el control del territorio para solo después iniciar un proceso político que, con todo el territorio bajo control, no hay garantía de que fuera a llevarse a cabo.

Ante la negativa a negociar ninguno de los aspectos políticos del proceso, las autoridades de las Repúblicas Populares siguen llamando a las autoridades ucranianas a cumplir con sus compromisos, pero advierten de que su paciencia no es infinita. Cansada de tener que aceptar como prisioneros de guerra a civiles o personas que no se encuentran en las listas de prisioneros, Daria Morozova, en representación de la República Popular de Donetsk exigía la semana pasada a la parte ucraniana que cumpliera con sus compromisos.

La República Popular de Donetsk ha amenazado con interrumpir incluso la entrega de los cuerpos de los militares ucranianos fallecidos. Pese a que durante meses ha abogado por entregar, y no intercambiar, los cuerpos de los soldados caídos en la batalla, la RPD exige que la parte ucraniana actúe de la misma forma y entregue los cuerpos de los soldados de la milicia. El viernes 27 de marzo, con la mediación y asistencia de la Cruz Roja, la RPD entregaba los restos mortales de 22 soldados ucranianos.

Un año después el inicio de las protestas

Prácticamente un año después de que comenzaran las protestas que exigían una descentralización del poder, cierta autonomía en lo que respecta a la recaudación de impuestos y la protección de la lengua rusa como oficial en la zona, Ucrania parece no haber aprendido la lección y no hay signo alguno de que vaya a comenzar un diálogo que vaya más allá de decidir cuál es la línea desde la que las partes han de retirar sus tanques. El presidente ucraniano ha repetido en numerosas ocasiones, incluyendo en su discurso ante el Congreso de Estados Unidos, que Ucrania está más unida que nunca. Ante las cámaras de CNN en el Foro de Davos, Petro Poroshenko otorgaba el crédito de esta unidad a Vladimir Putin, que con su agresión habría conseguido unir al país más allá de lo que el propio presidente ucraniano habría previsto.

La realidad cuenta otra historia, una en la que un proceso de negociación con las regiones podría haber evitado una guerra que ha costado la vida a más de 6.000 personas. Pero elegido el camino de la fuerza, las autoridades ucranianas parecen reafirmarse en su idea de imponer su versión de los acuerdos firmados y no hay signo alguno de que el lado ucraniano vaya a moderar su retórica. Mientras, por ejemplo Plotnitsky, líder de la RPL, afirma que han aceptado reintegrarse en Ucrania pese a que el pueblo exigía la independencia, diputados y autoridades ucranianas siguen empeñadas en que continúe la escalada de declaraciones.

Donbass “está poblado de Sovoks”, término ofensivo derivado del término “soviético”, ha declarado Dmitry Yarosh en una entrevista. “Sovoks de verdad. Y deberían ser deportados. Tenemos que actuar de forma severa con aquellos que no quieren vivir según las normas y las leyes del Estado. Esto incluye deportación, privación de derechos civiles y demás. Sin la fuerza, no va a ser posible hacer nada en la región”, afirma. Pero la dureza terminará una vez acabado con esos ciudadanos “rebeldes”. Entonces será suficiente un proceso “amable” de ucranización.

Puede que Dmitry Yarosh solo sea un diputado elegido en una circunscripción de mandato único y que no represente a la cantidad de ucranianos que le gustaría, aunque el líder del Praviy Sector es también el líder de una milicia armada, preparada y dispuesta a matar. Con su milicia ultranacionalista negociando su entrada en el ejército regular y con una oferta firme para un puesto en el Ministerio de Defensa, Yarosh no es un diputado más, pero tampoco dispone del poder suficiente para imponer sus tesis.

Arsen Avakov, por el contrario, lleva meses en el puesto de Ministro del Interior. Mientras representantes de Rusia y la Unión Europea tratan de insistir en la solución política al conflicto ucraniano, Avakov representa perfectamente esa corriente del Gobierno dispuesta a utilizar la fuerza para solucionar un problema político. Consciente de lo políticamente incorrecto de lo que procedía a afirmar, el ministro del Interior ucraniano Avakov, uno de los hombres con más poder político y militar en Ucrania, se mostraba en una reciente entrevista en directo en un canal de televisión ucraniano arrepentido de no haber acabado con las primeras protestas en Donetsk a principios de abril de 2014.

“Diré algo que me va a hacer quedar mal. De cualquier manera, ya soy un hombre buscado en Rusia. En aquel momento deberíamos haber volado la Administración Regional de Donetsk”, lugar que los manifestantes, entonces armados únicamente con cocteles molotov, tomaron en abril de 2014 y en el que un día de abril proclamaron la República Popular de Donetsk, que tomaría forma en meses posteriores.

“Puede que hubiéramos tenido 50 terroristas muertos, pero no tendríamos 5.000 muertos en la región de Donetsk. Algo parecido se tendría que haber hecho en el Servicio de Seguridad de Lugansk pero, ¿estábamos  preparados para ello?”, afirmó el ministro. Al contrario que las vidas de los manifestantes de Maidan, las vidas de los manifestantes que hace ahora un año se manifestaron en Donetsk y Lugansk para exigir sus derechos no merecían protección alguna según el ministro. Parece que nada ha cambiado desde entonces.